La
Consejería de Sanidad ha pedido a
Ambulancias Tenorio, adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre en la región, la
documentación literal de las
sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo por vulnerar
derechos laborales para estudiar si se incumple o no el pliego de condiciones y tomar las decisiones oportunas.
El consejero de Sanidad y Servicios Sociales,
José María Vergeles, ha señalado que tras un
estudio "concienzudo y jurídico de las sanciones, se aplicará la correspondiente sanción o,
en caso más grave, la rescisión".
Vergeles ha insistido en que "si hay motivos para la rescisión del contrato, se tendrá que rescindir" pero eso no se puede saber "hasta en tanto no nos den la
literalidad de las sanciones y se analicen". La Junta "está actuando desde el primer minuto", de hecho, una parte de la inspección laboral realizada a la empresa es de la propia administración autonómica.
Además, se celebran reuniones permanentes de
seguimiento de este concurso, en las que se lleva a cabo "un
análisis pormenorizado de todos los cumplimientos e incumplimientos" que pueda haber, algunos de los cuales, según Vergeles, han tenido consecuencias para la empresa como la sanción que se le impuso por los problemas ocasionados durante los primeros días de prestación del servicio.
Fundamento jurídico
Sobre la posibilidad de rescindir el contrato, manifestó que las extinciones de los contratos públicos
son "muy complicadas desde el punto de vista de la tramitación administrativa, y tienen que estar muy
bien fundamentadas jurídicamente".
Por eso, el Ejecutivo regional será "muy cabal a la hora de aplicar unas medidas u otras", insistió Vergeles, quien avanzó que la Junta está ahora mismo en un
proceso de estudio para definir cómo se va a prestar en los próximos años el transporte sanitario programado.
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