Viernes, 20 de marzo de 2015, a las 14:08
Redacción. Mérida
El Parlamento de Extremadura ha aprobado por unanimidad la propuesta de ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura, una norma que “persigue reconocer como autoridad pública a profesionales del sistema sanitario en el ejercicio de sus funciones, revistiéndoles de la condición de autoridad” y “dando respuesta a una demanda tradicional del sector”.

Francisca Rosa.

Una ley que se ha aprobado, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en el pleno del Parlamento por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios, tras el debate y votación de las seis enmiendas que se habían presentado al texto, y de las que únicamente se ha aprobado una.

En concreto, tras su debate y votación en el pleno se han rechazado las dos enmiendas de IU, las dos enmiendas del Prex-Crex, la enmienda del PSOE, y únicamente se ha aprobado e incorporado al texto la que había presentado el PP.

En esta enmienda de adición aprobada, según ha relatado la diputada del PP Francisca Rosa, se “permite que el administrado pueda defenderse contra lo que en principio es una presunción de veracidad”, algo que hace que el texto quede “mucho más cohesionado”.

Por su parte, la diputada socialista Consolación Serrano ha considerado que “solo el reconocimiento como autoridad pública del sanitario no evitará las agresiones”, por lo que ha abogado por la “prevención” y “adoptar todo los mecanismos necesarios” para que los sanitarios puedan desarrollar su labor “con todas las garantías”.Para ello es básico que los profesionales sanitarios “dispongan de todos los medios materiales y humanos”, ha defendido la diputada socialista.

En nombre de Prex-Crex, la diputada Fernanda Ávila ha propuesto eliminar la presunción de veracidad “porque puede crear indefensión en los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura”, y ha destacado la necesidad de “apoyar” a los profesionales que sufran algún tipo de agresión.

Así, el diputado de IU Víctor Casco ha mostrado su apoyo a esta norma, a pesar de que mantiene una “discrepancia puntual” acerca de la “presunción de veracidad” de los sanitarios.