Redacción. Mérida
La gripe alcanzó la pasada semana una tasa de 98 casos por cada 100.000 habitantes en Extremadura, según el informe semanal de la Subdirección de Epidemiología del Servicio Extremeño de Salud (SES), que señala que la enfermedad tiene “difusión esporádica y tendencia estable al alza”.

José María Vergeles, consejero de Sanidad.

La temporada de vigilancia de  la gripe se inició a principios del mes de octubre y durante los primeros tres meses, la tasa máxima alcanzada en la comunidad había sido de 56 casos por cada 100.000 habitantes.  

Según fuentes de la Dirección General de Salud Pública del SES, la incidencia de la gripe está “dentro de la normalidad”. La previsión es que aumente progresivamente durante las próximas semanas y que la situación epidémica, fijada este año a partir de 88 casos por cada 100.000 habitantes, se prolongue durante unas seis u ocho semanas, “como casi todos los años”.

Los hospitales extremeños han notificado hasta el momento seis casos graves ingresados con gripe, cuatro de ellos en Cáceres y dos en Don Benito (Badajoz).

Uno de los pacientes ingresados en Cáceres falleció la semana pasada. Se trata de un varón de 25 años de edad que padecía una enfermedad grave de base y no estaba vacunado contra la gripe.

De los restantes casos graves, uno ha recibido ya el alta hospitalaria y cuatro continúan ingresados. Todos ellos son pacientes con más de 70 años de edad y con diversos factores de riesgo asociados a la gripe.

Aunque la campaña oficial de vacunación concluyó a finales de noviembre, todavía hay dosis disponibles en los centros de Atención Primaria, donde pueden vacunarse todas las personas mayores de 60 años, los usuarios de cualquier edad con enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, hepáticas o neurológicas, obesidad, insuficiencia renal, disfunción cognitiva u otras patologías o situaciones consideradas como factores de riesgo.

También está indicada la vacunación para personas que pueden transmitir la gripe a otras con alto riesgo de complicaciones, como los trabajadores de centros sanitarios o instituciones geriátricas, y profesionales de servicios públicos esenciales como fuerzas de seguridad, emergencias sanitarias o personal docente.