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Firmado el primer acuerdo para volver a las 35 horas semanales en sanidad

El pacto incluye no descontar salario durante la baja médica y el compromiso de desbloquear la carrera profesional

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

20 jun 2018. 18.10H
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POR REDACCIÓN
El sindicato CSIF ha firmado este miércoles un acuerdo con la Junta de Extremadura que incluye la recuperación de las condiciones laborales y económicas de los 47.000 empleados públicos que dependen de esta administración, entre las que se encuentra el regreso a las 35 horas semanales.

Se trata del primer acuerdo firmado con una administración, en este caso la socialista, en la nueva etapa de Gobierno con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, para la recuperación de las condiciones laborales, dando continuidad al pacto alcanzado con el exministro Cristóbal Montoro el pasado mes de marzo.

El sindicato recuerda en un comunicado el compromiso que Pedro Sánchez trasladó al Congreso para respetar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que, en el ámbito de las Administraciones,
contempla la oferta de empleo público y la subida salarial.

Carrera profesional y bajas médicas

En el caso de Extremadura, el citado acuerdo recoge que los empleados públicos dependientes del Ejecutivo regional, como los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES), recuperen las 35 horas Asimismo, se eliminan los descuentos en la nómina por baja médica y se asume el compromiso de desbloquear la carrera profesional.

Tras mucho diálogo y negociación de sindicatos y Junta y las múltiples manifestaciones y firmas de empleados públicos que se han realizado en Extremadura, a partir del 1 de octubre del 2018, las 35 horas de jornada laboral será una realidad para todos los empleados públicos, para el sector de la Administración General de la comunidad autónoma, para el SES tanto del sector sanitario como de gestión y servicio, y para todos y cada uno de los centros de 24 horas.

El texto recoge otras medidas como el impulso de los planes de igualdad en la administración, la revisión de los complementos específicos en puestos no singularizados; mejoras voluntarias en supuestos de maternidad y paternidad; y el compromiso a introducir cambios en los procesos selectivos de la Administración autonómica.

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