La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura,
Sara García Espada, ha abogado por
alcanzar un Pacto por la Sanidad y ha avanzado que se van a brindar a trabajar para ello con todos los grupos parlamentarios, después de que se hayan encontrado con una Ley de Salud "obsoleta" y que
"no cumple los requerimientos que ahora mismo tiene nuestra población".
Así lo ha señalado García Espada en declaraciones a los medios este jueves antes de comparecer en la Comisión de Salud y Servicios Sociales, en la Asamblea de Extremadura, a petición propia para detallar las líneas programáticas de esta legislatura, y contarles
cuál es el proyecto para estos cuatro años y qué es lo que se han encontrado cuando han heredado esta Consejería.
En este mismo sentido, ha expuesto que
se han encontrado con un déficit de profesionales, como también lo es que los que tienen ahora "no han sido bien tratados". "O nosotros lo consideramos así", ha abundado la titular de Salud, para remarcar que van a establecer un
plan para la retención de esos profesionales, y para que ellos
"se sientan escuchados y bien tratados" en el Sistema Extremeño de Salud.
Se trata, ha planteado, de la "única manera de que consigamos que aquellos que han abandonado su tierra sin quererlo en contra de su voluntad" puedan volver, algo que quieren desde la Consejería junto con que se sientan "acogidos".
"Los necesitamos y ellos también quieren volver", ha recalcado.
Retos en Servicios Sociales
En relación a los Servicios Sociales, Sara García Espada ha recalcado que se han encontrado una situación que les "preocupa tremendamente", como es una
pérdida de 12 millones de euros por una "incapacidad" del gobierno anterior para justificar un nivel mínimo acordado con el Imserso, algo que supone que Extremadura, a día de hoy,
tiene una inversión en lugar de 23 millones de euros, "que sería la más importante hasta ahora", de 11 millones "por esa perdida de justificación del nivel mínimo acordado en el año 2022".
"A nosotros nos preocupa, no entendemos cómo hasta ahora no se ha hecho nada para evitar esta pérdida de 12 millones pero nos lo hemos encontrado así", ha apuntillado la consejera, que ha reafirmado que trabajarán para intentar que el año que viene "no suceda" porque los dependientes "no se merecen esta situación". "
No podemos perder un céntimo de euro más, nuestros extremeños no se merecen esta pérdida y estamos trabajando para que no sea así", ha resaltado.
Sobre estos 12 millones de euros, ha matizado que desde el Gobierno Central a través del Imserso se vehiculan unas prestaciones por un importe anual y que en este último hay un gasto que supone un nivel mínimo acordado al año, de modo que si el gobierno anterior hubiera justificado en 2022 el gasto del importe del nivel mínimo acordado,
este año se hubieran percibido 12 millones de euros más sobre los 11 que ya se tenían.
"Ustedes necesitan ese dinero yo se lo aporto, si usted no justifica que ha invertido ese nivel mínimo acordado yo no le voy a aportar esos 12 millones", ha explicado la consejera.
Ante ello, ha reconocido que "sinceramente no" cree que Extremadura "se sienta en una posición de privilegio para poder perder esa inversión" en la región y lo ha tachado de "inadmisible".
Dependencia y VRS
Por último, la consejera ha asegurado que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado más de
5.500 expedientes por valorar de Dependencia, a tenor de lo cual han "agilizado en un mes 1.100 expedientes".
De esta manera, están "orgullosos" del trabajo que han realizado, unido a la vacunación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que ha supuesto un desembolso "importante" desde esta Consejería ante esta vacuna que, como ha recordado,
va a ser gratuita para todos los menores de seis meses "por un cambio de rumbo y un cambio de decisión con respecto al gobierno anterior".
Una vacuna que los padres, "si no se la proporcionamos", no la pueden adquirir en una farmacia a día de hoy; y que es una protección frente al VRS, el cual supone un pico de demanda de ingresos en UCIS pediátricas y en plantas de lactantes en los hospitales de la región que "desborda totalmente" a los profesionales y, además, supone una merma en la salud de los niños extremeños.
En este sentido, ha concluido, se brinda a los extremeños esa vacuna, hasta los seis meses para todos los niños "sin distinción" y hasta los dos años con factores de riesgo, y se hace un desembolso que creen que es "importante" para la población, "porque este es un gobierno social que viene a dar igualdad de trato a todos los extremeños". "Con eso trabajamos y esa es nuestra línea a seguir", ha avanzado.
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