El
Tribunal Constitucional ha notificado este lunes a la Junta de Extremadura la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad, impulsado por el Gobierno de España,
contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias
contra la Exclusión Social.
La ley pretendía establecer el reconocimiento del
derecho universal a las prestaciones sanitarias de todas las personas, independientemente de su situación jurídica y administrativa. Desde el Ejecutivo extremeño se defiende que el derecho a la salud es un derecho que conecta con la esencia de la condición humana y con la
dignidad de las personas.
La mayoría del Tribunal Constitucional y el Gobierno de España consideran que pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben
ser excluidas de las prestaciones que las Comunidades Autónomas puedan establecer.
Ante esta sentencia, el Ejecutivo autonómico lamenta que considere que ofrecer sanidad
pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un
choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado, “de modo que su ampliación o mejora no dependerá de la Junta de Extremadura que es la que presta el servicio, sino de poderes externos sin conexión con la realidad social de las personas”, según indica el TC.
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