El BOE publica la
sentencia de inconstitucionalidad de la
ley de sanidad universal de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. El Abogado del Estado, representando al presidente del Gobierno, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 7/2016 de Extremadura.
La ley pretendía establecer el reconocimiento del derecho universal a las prestaciones sanitarias de todas las personas, independientemente de su situación jurídica y administrativa. Desde el Ejecutivo extremeño se defiende que el
derecho a la salud es un derecho que conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas.
La mayoría del Tribunal Constitucional y del Gobierno de España considera que pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben ser excluidas de las prestaciones que las Comunidades Autónomas puedan establecer.
Extremadura no se rinde
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la ley de sanidad universal de Extremadura, el consejero de Sanidad,
José María Vergeles, avanzó que la Junta va a "intentar buscar los resquicios de la legislación" así como las medidas para poder prestar una
atención sanitaria a extranjeros en situación irregular, una atención que necesitan esas personas, pero también "el resto de la sociedad como medida de salud pública”.
Para ello, Vergeles señaló que intentarán establecer convenios con determinadas
asociaciones de inmigrantes que “les permitan en un entorno de la máxima seguridad jurídica, que podamos prestar atención sanitaria en nuestra vocación de una sanidad universal".
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