El
Govern tenía estudiada la creación de los decretos necesarios que hiciesen efectiva la
independencia de la sanidad catalana, una vez proclamada la
República Catalana. Un documento plasma cómo el Ejecutivo cesado de
Carles Puigdemont había tramitado las herramientas para absorber las competencias del Estado, este punto se iba a gestionar desde el Departamento de Salud que dirigía
Antoni Comín.
El texto, que forma parte del material incautado por la Guardia Civil durante su investigación sobre los preparativos del
1-O, recoge el decreto de ‘urgencia’ con el que se pretendía pisar la
regulación de los productos farmacéuticos, según publica
El Confidencial.
Esta iniciativa formaba parte de los 41 decretos que diseñó la
Generalitat para
apropiarse de competencias estatales. Así lo demuestra la información extraída de los correos electrónicos de
Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda y mano derecha de
Oriol Junqueras.
De este modo, una segunda lista especificaba los decretos que tenía que tramitar cada departamento de la
Generalitat para desarrollar la
Ley de Transitoriedad Jurídica de la República. Cada departamento iba a asumir decretos que forzasen la ruptura con el marco constitucional español.
Cuerpos de funcionarios
El
Govern también lo tenía todo pensado para quedarse con los cuerpos de funcionarios sanitarios del Estado, ya que el Departamento de Gobernación, que dirigía
Meritxell Borràs. Su cartera tenía previsto aprobar los decretos para la “integración del personal de las administraciones del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación de nuevo personal y de creación del Registro de Empleados Públicos”.
Estos registros fueron modificados 12 días antes del 1-O, un punto que manifiesta la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la República. De este modo, la
Generalitat iba a absorber a los funcionarios y al personal laboral que trabaja en la región al servicio del Estado.
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