El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha incluido en el nuevo Govern a políticos que se encuentran presos o fugados. Es el caso de Antoni Comín, que retoma la Consejería de Salud a pesar de estar 'exiliado' en Bélgica.
Esta decisión supone un nuevo pulso del separatismo catalán al Gobieno español, que ya está preparado el el argumentario de un eventual recurso al Tribunal Constitucional (TC).
Comín ha agradecido en Twitter su nombramiento al presidente Torra, a Oriol Junqueras y a su partido, Esquerra Republicana, "por la confianza depositada". De la misma forma, ha prometido seguir "impulsando la transformación de nuestro sistema de salud, junto con mi equipo" y ha señalado que "es un honor que asumimos con responsabilidad, humildad, compromiso y el máximo esfuerzo".
Próximos pasos por parte del Gobierno
El recurso, cuya admisión a trámite supondría la suspensión cautelar automática de la toma de posesión (como ya pasó con la reforma de la ley de presidencia diseñada para avalar la teleinvestidura de Puigdemont) alegaría que la situación de prisión de Rull y Turull y de fuga de Comín supondría una vulneración los derechos de los diputados de la oposición, porque no podrían ejercer su función parlamentaria de fiscalización de los consellers.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya advirtió de que la única forma en que los políticos en prisión podrían tomar posesión de su cargo sería de forma presencial, es decir, si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les autorizara a salir de la cárcel para asistir al acto institucional.
Esto no parece probable, teniendo en cuenta que Llarena ya ha denegado permisos para asistir a sesiones de investidura tanto a Turull como al expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Los nuevos consejeros deberían tomar posesión el próximo miércoles.
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