En su discurso en el Parlament de este martes, el presidente Carles Puigdemont ha dejado a Cataluña en un periodo de "diálogo" que en realidad significa que la Administración regional seguirá sin tener el control de las cuentas públicas. Es decir, que este tiempo previo a la presunta declaración de independencia deja a la sanidad autonómica en una suerte de 'piloto automático' con las cuentas intervenidas y las nóminas de sus profesionales en manos del Estado central.
Esta situación hace que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dirigido por Cristóbal Montoro tenga en su poder los salarios de 29.440 sanitarios que trabajan en la sanidad pública catalana que dirige el consejero Antoni Comín. Un estado de las cosas que se arrastra desde que el Tribunal Constitucional declarada ilegal la Ley del Referéndum aprobada por el Ejecutivo liderado por Junts pel Sí y que mantiene en vilo a los funcionarios de toda la comunidad.
En un discurso en el que ha repasado los sucesos que han desembocado en la actual situación, Puigdemont ha dicho que los resultados del 1-0 obligan a declarar la independencia. Por eso ha afirmado: "Llegados a este punto presento los resultados del referéndum y asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Acto seguido ha dicho que pide al Parlament "que suspenda" la independencia durante unas semanas para negociar con el Gobierno español.
El presidente del Gobierno catalán ha dicho que los sucesos de las últimas semanas y la actitud del Gobierno "han tenido un impacto profundo en la sociedad catalana" y se ha referido a la "ola represiva" por las actuaciones del Estado. Además, ha criticado que el Gobierno de España no ha querido el diálogo en ningún momento: "La respuesta ha sido una negativa radical y absoluta y combinada con la persecución de las instituciones catalanas".
El Gobierno no ve admisible una declaración implícita de independencia y luego dejarla en suspenso
El Gobierno de Mariano Rajoy considera que no es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita, como ha hecho esta tarde en el Parlamento catalán el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, informaron en fuentes del Ejecutivo.
En opinión de Moncloa ni se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, ni dar como válido el supuesto recuento de un referéndum fraudulento El Gobierno dice que no es admisible una declaración implícita de independencia y luego dejarla en suspenso e ilegal. Tampoco mucho menos sentar que los catalanes han dicho que quieren la independencia. Por todo ello, tampoco "considera admisible hacer una declaración implícita de independencia, para luego dejarla en suspenso de manera explícita".
Las lecturas de la oposición
Según Pablo Iglesias, "es evidente que no se ha producido una declaración unilateral de independencia". El líder de Unidos Podemos ha agradecido su "sensatez" y se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que "no atienda a las voces extremistas de su partido o de su aliado naranja", en referencia a Ciudadanos, "y no nos lleve a un estado de excepción".
Por su parte, Albert Rivera destacaba tras la sesión que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado "un golpe a la democracia" en el Parlament y que su oferta de suspender los efectos de su declaración de independencia es un "chantaje", por lo que ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a activar "sin excusas" el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas.
En cuanto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se fue a última hora de la noche hasta el Palacio de la Moncloa para reunirse de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fuentes del PSOE confirmaron que el líder socialista partió desde la sede de Ferraz sobre las 21.45 horas para analizar con el presidente la situación tras la declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
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