Carles
Puigdemont acelera la maquinaria para que la
CUP le dé el visto bueno a sus próximos
presupuestos, después del fiasco de 2016. Así, en el debate de política general del Parlament de Cataluña ha prometido 7.000 nuevas plazas de funcionarios, de las que hasta
2.500 se repartirán entre médicos y enfermeros. “Hago un ruego: busquemos el acuerdo antes que las discrepancias. No se avergüencen si están de acuerdo con algo que propone una formación no esperada, y
que estas coincidencias nos lleven al menos a dar oportunidad al acuerdo”, sentenciaba el president, en un intento de buscar amplio acuerdo con su proyecto presupuestario. Además, el Ejecutivo catalán quiere aprobar una partida para
investigación médica de 20 millones de euros.
Unas
alentadoras palabras para todo el sector sanitario, que hace unos meses tuvo que ver cómo se bloqueaba la inversión en sanidad para 2016, que
pronosticaba 360 millones más, de los que 96 iban directos a un plan de mejora de listas de espera. Ahora, el líder secesionista ha reconocido que no quiere repetir el fiasco, por lo que ha preparado una notable batería de medidas muy en la línea de su izquierdista (y separatista) llave de gobierno, la CUP. Además, ha celebrado la última
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que
promueve la igualdad entre trabajadores fijos y temporales, además de legislaciones que vayan a favor de la estabilidad laboral.
La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) ha dejado claro que para
el 46,3 por ciento de los catalanes, la mayor preocupación sanitaria son las demoras para la atención o las intervenciones sanitarias. Un grado que casi dobla al segundo aspecto que más preocupa: la mejora de equipamientos sanitarios (25,5 por cien). Uno de los problemas a los que el Govern deberá poner fin, aunque para ello es esencial un nuevo marco presupuestario.
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