La decisión de
cesar a decenas de directivos de la Generalitat en los centros sanitarios y asignarse a sí mismo como presidente le puede salir cara a Antoni Comín. El consejero de Salud podría ser acusado de hasta tres presuntos delitos si permite votar el próximo
1 de octubre en los centros de salud, hospitales y geriátricos de la Generalitat, espacios electorales asignados por la Generalitat, como así ha confirmado a
este medio los Mossos d'Esquadra.
La medida tomada por la
Consejería de Salud y conocida este miércoles “es nula de pleno derecho y la decisión es arbitraria porque viola la sentencia del
Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la convocatoria del
referéndum” aprobado por el Parlamento Catalán, explica a
Redacción Medica Antonio Benítez Ostos, abogado experto en derecho administrativo.
Así mismo, Benítez argumenta que Antoni Comín podría estar cometiendo un presunto delito de
“prevaricación” por adoptar una decisión que “resulta manifiestamente ilegal, además de conocer de pleno que
dicha decisión incurre en una ilegalidad”.
Estos hechos podrían ser considerados también como delictivos si se tiene en cuenta que el titular de Salud está “desobedeciendo al
Tribunal Constitucional”. Esto significaría, según el experto legal,
“un presunto delito de desobediencia”.
Por último, el uso anunciado de
centros sanitarios pertenecientes al
CatSalut como colegios electorales o centros de votación podría ser considerado como un presunto delito de
“malversación de fondos”. “Utilizar instituciones públicas o centros públicos en beneficio de un acto ilegal puede llevar al responsable a ser acusado de un presunto delito de
malversación de fondos públicos”.
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