El grupo parlamentario En Común Podem ha anunciado que presentará una
propuesta de resolución en la cámara catalana para ayudar a los afectados por el
caso iDental, así lo ha asegurado
Marta Ribas, portavoz sanitaria de la formación morada, a
Redacción Médica, tras reunirse con un grupo de representantes del colectivo.
Ribas ha explicado que la primera medida que van a proponer es la creación de una
oficina de atención a todos los afectados. "
Solo en Cataluña se calcula que hay entre
12.000 y 13.000 personas que se han visto afectadas por esta empresa y consideramos imprescindible que tengan un espacio al que puedan dirigirse, recibir información sobre sus derechos, los pasos que puedan seguir. En definitiva, un espacio en el que se encuentre centralizada toda la información que pueda necesitar cualquier persona afectada por una de estas clínicas".
Además, la diputada ha explicado que tienen el objetivo de desarrollar una "
campaña informativa para que pueda llegar a todos los afectados, ya que desde la asociación se calcula que todavía hay muchas personas que han sufrido un mal tratamiento y no lo saben".
Una de las medidas más complejas es el tema del
peritaje. "Queremos
proporcionar un perito que pueda evaluar a cada paciente para ver qué
afectaciones negativas tiene cada uno de ellos. Hay mucha gente a la que le han colocado implantes que no se corresponden con lo que necesitaban, han utilizado malos materiales o simplemente les han quitado piezas y no les han puesto los implantes. Por ello, consideramos que es muy importante que cada afectado sepa qué es lo que realmente tiene mal para tomar las medidas oportunas", ha apuntado Ribas.
En cuarto lugar, la diputada ha afirmado que la intención es que el Gobierno regional pueda hacerse cargo de todos los afectados, es decir, que la
sanidad pública termine los tratamientos que han quedado a medias o los que no han llegado ni a materializarse, a pesar de que la gente se haya endeudado para ello.
Dos medidas complejas
Marta Ribas ha afirmado que desde su grupo van a proponer que el
Govern de la Generalitat se haga cargo de los costes judiciales de todos los afectados que necesiten resolver su problema desde la vía penal. Sin embargo, la propia parlamentaria ha reconocido que: "Este es uno de los puntos más complejos porque no sabemos si las competencias autonómicas podrían asumir este coste".
Finalmente, desde un punto de vista de consumo, la formación exigirá que los afectados
no tengan que hacerse cargo de las cuotas mensuales que están pagando por los tratamientos. Ribas ha puntualizado que: "Esto ya lleva unos meses de recorrido, pero necesitamos el empujón final para garantizar este derecho a todos los usuarios".
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