La
Fiscalía ha solicitado una orden
de busca y captura, así como de detención internacional, es decir, una Orden Europea de Detención (
OED) para el depuesto presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que le acompañan en su ‘exilio’ en Bruselas, entre ellos, el hasta la pasada semana titular de Salud,
Antoni Comín.
Según el ministerio público es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado “reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”. Con anterioridad a estos intentos, el exconsejero de Salud había solicitado a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia.
Ahora depende de la juez
Carmen Lamela activar el procedimiento para el apresamiento e ingreso en prisión de
Comín y el resto de miembros del
Consell destituído, a través de esta OED. Los cinco han decidido permanecer en Bélgica para, en palabras de
Puigdemont, “internacionalizar” el
conflicto catalán y, de paso, entorpecer la acción de la Justicia española.
La OED, que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición, implica que la
policía de Bélgica aprese a la persona sobre la que pesa esta
euroorden y la entregue a la justicia española. Un proceso que se suele demorar unos dos meses, previa vista de un juez del país donde se encuentre el prófugo. Para lanzar esta orden es preciso que la
Fiscalía lo reclame previamente, un paso que ya se ha dado.
Sin embargo, fuentes del ámbito judicial advierten que los delitos que pesan sobre Puigdemont, Comín y el resto de consejeros no están incluidos en el listado de tipos penales que suponen una
extradición directa, lo que supone que un juez belga tendrá que ver el caso antes de entregarlos a la justicia española. Puidemont habría elegido
Bélgica precisamente por el carácter
garantista de los jueces de este país.
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