Metges de Catalunya (MC) fiscaliza la actividad privada que se realiza en los centros financiados por el Servei Català de la Salut (CatSalut). El pasado 12 de junio, el sindicato dirigió una petición a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, dependiente del Departament de Salut, en que solicitaba
información respecto a los centros del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) concertados con el CatSalut que, además de la actividad pública, ofrecen servicios privados, ya sea por la vía de pago directo o a través de compañías de seguros.
Transcurrido más de un mes desde el registro de la petición,
el sindicato no ha obtenido ningún tipo de respuesta y, por este motivo, ante el silencio de la Administración, ha elevado la consulta
pidiendo amparo en la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).
En el escrito, dirigido a la directora general de Ordenació i Regulació Sanitària,
Clara Pareja, la organización pide conocer las condiciones en las que las empresas sanitarias con actividad pública contratada por el CatSalut pueden
ofrecer una doble vía asistencial (pública y privada).
Además, pregunta como se regula la actividad de los profesionales que prestan servicios en estos centros para que sea conforme a la legislación en materia de incompatibilidades y a la
normativa de la Seguridad Social relativa a las cotizaciones de las horas extraordinarias.
Vigilancia a desviaciones al ánimo de lucro
El secretario general de MC,
Xavier Lleonart, firmante de la petición, argumenta que la mezcla de actividad pública y privada, sin delimitar las condiciones en cuales se presta una y la otra, es
cada vez "más notoria" en algunos centros. "Se desplaza actividad pública para prestar asistencia privada y
esto genera inequidades", ha afirmado el responsable sindical en un comunicado.
Así mismo, apunta que se podrían estar cometiendo
"irregularidades contractuales" con los trabajadores de estas entidades, destinándolos a hacer servicios privados durante el horario laboral en que deberían de estar prestando asistencia sanitaria de cobertura pública.
Para MC es "inadmisible" que, ante los problemas de accesibilidad del sistema y las elevadas listas de espera causadas por la insuficiencia de personal y recursos, haya empresas, mayoritariamente financiadas con fondos públicos, que
ofrecen de manera "implícita" alternativas de asistencia privada a los pacientes, haciendo uso, presuntamente, de las instalaciones, equipamientos y personal que prioritariamente se deben destinar a la actividad contratada por el CatSalut.
El sindicato permanece a la espera que su petición prospere y la Direcció General d'Ordnenació i Regulació Sanitària en el ejercicio de sus competencias, entregue la información para garantizar que
el presupuesto de Salut "no sufre desviaciones orientadas al ánimo de lucro".
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