El pasado 27 de julio el Parlament aprobaba las conclusiones de la
Comisión de estudio del proceso constituyente; es decir, que daba un paso decisivo
hacia la ruptura unilateral con España. Una acción que quedó suspendida de nuevo por el Tribunal Constitucional y que está repercutiendo en todos los miembros del Ejecutivo regional.
Antoni Comín, consejero de Salud, ya ha recibido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
una advertencia clara sobre las competencias que debe atribuirse y el ejercicio político que debe hacer desde su cargo.
A través de una notificación del citado órgano judicial, se le advierte al dirigente sanitario “del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada,
advirtiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pueda incurrir”. En ella aparece además la firma del propio Comín rubricando que ha recogido y leído la notificación. Si bien el consejero ha afirmado en Twitter: “
Mientras el Estado se dedica a las advertencias legales, en el Gobieno seguimos cumpliendo el mandato democrático al cual nos debemos”.
En los meses previos, el departamento dirigido por Comín ha ido sentando poco a poco las bases de una sanidad catalana independizada de España. Así,
se han reestructurado las áreas del Servicio Catalán de Salud de cara a una posible 'desconexión' a la vez que se ha planificado un Área del Medicamento, que serviría para tomar completamente las riendas farmacéuticas en la autonomía, eliminando las competencias que actualmente tiene el Estado central.
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Acceda al documento que ha recibido Antoni Comín.
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