La juez de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, estudia la posibilidad de añadir un delito de
usurpación de funciones públicas al exconsejero de Salud
Antoni Comín. El detonante ha sido el comunicado que publicó el president cesado
Carles Puigdemont en
su cuenta de Twitter donde aseguró que seguían siendo "un
Govern legítimo".
De este modo, Lamela entiende que los últimos acontecimientos y declaraciones que han realizado Comín y el resto de excargos que se encuentran en Bélgica han cometido este nuevo delito que se suma a los de
sedición, rebelión, conexos y malversación de caudales públicos en la gestión del
referéndum del 1-O.
El comunicado, firmado por Comín y el resto de miembros cesados, asegura que ellos son "los legítimos representantes de Cataluña" y anuncian que inician acciones "como si de un Ejecutivo vigente se tratase".
El comunicado 'delictivo'
“Delante del complejo escenario, el
Gobierno legítimo de Cataluña tiene una doble obligación que cumpliremos a pesar de las circunstancias. La primera, mantener la legitimidad de la libre elección que expresasteis en las urnas el 27 de septiembre de 2015. Lo diremos tantas veces como haga falta a todo el mundo: somos un Gobierno legítimo y tenemos un Parlamento legítimo”, ha subrayado Puigdemont.
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Extracto del comunicado 'delictivo'.
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En el escrito, el
expresident de la
Generalitat asegura que defenderán desde Bruselas la estructura “estable” que ponen en marcha para “coordinar las acciones del
Govern”. “Exigiremos este compromiso cada día y en cada ocasión a la comunidad internacional, denunciante la p
olitización de la justicia española, su carencia de imparcialidad y su voluntad de perseguir las ideas”, concluye.
La carta acusa al Estado español de no separar el poder judicial del poder ejecutivo e ignora que el
Ejecutivo central cesó a todos los miembros del Govern el pasado 27 de octubre, fecha en la que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La Guardia Civil investiga el alcance del comunicado
Por el momento, la juez ha puesto a investigar a la Guardia Civil para que estudie el alcance de este comunicado ante la posibilidad de que las manifestaciones de los exmiembros del
Govern que están en Bruselas alberguen el delito de usurpación de funciones públicas.
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