La razón de la caída de Comín: apartado de la Consejería por los suyos

El 14 de enero de 2016, Antoni Comín tomaba posesión del cargo de consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, comenzando un camino al que el propio independentismo puso fin este martes, 29 de mayo de 2018, cuando nombró a la republicana Alba Vergés nueva consejera sanitaria. Una decisión que según ha podido saber este periódico no ha sido del agrado de Comín: "Esquerra quiere que se vaya". Esto, a pesar de que el 'president' Torra haya ejemplificado ante la prensa la necesidad de un presunto trabajo coordinado entre Comín y Vergés.

Y es que el político independentista ya no es consejero de Salud ni oficial ni en la retórica política de los secesionistas, que ahora prefieren apartarle de la primera línea justo cuando él ha renunciado al voto delegado en el Parlament, lo que le deja con acta de diputado pero sin voz ni voto en la Cámara, al no poder acudir a los plenos porque si pisa territorio nacional, sería encarcelado por los delitos que se le imputan.

En las últimas semanas se hablaba del distanciamiento que Comín tenía con la formación republicana, a la que no pertecene formalmente pero por la que ha ostentado durante casi dos años el cargo de consejero de Salud. Si en una reunión a principios de mayo el exconsejero declaró su intención de mantenerse en el cargo, apenas dos semanas después ERC le dijo en una reunión privada que no contaban con él para revalidar el cargo. Aquella circunstancia hizo que Comín empezara a colocarse con fuerza en el entorno de Carles Puigdemont; es decir, cercano a la derecha liberal independentista.

Una salida ruidosa, abrupta, adjetivos que bien sirven para definir su llegada al puesto por Junts pel Sí. Independiente pero en la órbita de ERC, el antes federalista y militante del PSC llegó con dos mensajes claros: el ‘sí’ a la independencia y el objetivo de revertir los conciertos sanitarios del Govern, la manida 'desprivatización'.

Aquella desprivatización que parecía que iba a transformar el modelo sanitario catalán, en realidad tuvo como primera y única ‘víctima’ a la Clínica del Vallès. El 15 de agosto de 2016, este centro acababa su contrato con la Generalitat, lo que generó despidos del personal con contrato temporal e inseguridad en el resto de trabajadores ante la opacidad de la Consejería. Con perspectiva, el discurso amenazador de Comín sobre la colaboración público-privada en sanidad creó debate sobre un modelo de sobrada solvencia, consenso y aceptación. Las garantías de empleabilidad que su departamento dio a los trabajadores se complicaban si se tenía en cuenta que cualquier plaza ganada por concurso-oposición pertenecía a su legítimo opositor, y no al trabajador ‘mudado’ a un centro sanitario público.

"El crecimiento de los pacientes no era proporcional al de contrataciones de sanitarios"

A ello se sumó que mientras se ampliaba la cartera de pacientes en la sanidad pública, el crecimiento de estos no era proporcional al de contrataciones de sanitarios. Así, en diciembre de 2016 los empleados del Consorcio de Terrasa denunciaban que la carga de trabajo en el hospital había crecido notablemente. “Ya arrastrábamos falta de personal y aunque gente de esa clínica fue contratada aquí, no ha sido la suficiente en comparación con el aumento de pacientes”, aclaraban a este medio fuentes del centro.

La política catalana quiso además complicarle los planes al consejero. En 2016 tuvo que ver cómo la CUP, socio de gobierno, no dio luz verde a los presupuestos planteados por Junts pel Sí. Una situación de cuentas prorrogadas que convirtieron varias promesas del conseller en compromisos sin financiación suficiente. Y eso que la reducción de las listas de espera era una de las prioridades de Comín. Sin embargo, en julio de este año, el propio CatSalut tuvo que reconocer que Cataluña era la comunidad con más pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica. En concreto, el Departamento de Salud contaba con un total de 164.222 catalanes que esperaban a ser intervenidos. Así, el tiempo medio para una operación de cirugía cardíaca era "igual o superior a 90 días" y, para una intervención quirúrgica oncológica, el periodo de espera estaba en 45 días.

La mejora de la Atención Primaria: solo eran "intenciones"

Ante el discurso primigenio del Comín, decidido a devolver a la sanidad pública el músculo previo a la crisis económica, otro de los sectores esperanzados con su gestión era la red de Atención Primaria. Para ello, el consejero presentó un ambicioso programa de mejora que, a nivel práctico, se ha quedado sin inversión presupuestaria en 2017. “La Estrategia Nacional de Atención Primaria y Comunitaria (Enapisc) era una declaración de intenciones”, explicó a Redacción Médica Óscar Pablos, secretario del Sector Primaria ICS del sindicato Metges de Catalunya, que no entendía cómo semejante puesta de largo revelaba en realidad una intención presupuestaria pospuesta a 2018.

Sobre la falta de financiación en Atención Primaria se manifestaron también los trabajadores del sector agrupados bajo el paraguas de la plataforma ‘Rebelión Primaria’, que explicaban que los esfuerzos de la Consejería estaban entonces puestos “en el procés”.

"Comín fue uno de los primeros protagonistas de las contradicciones internas del separatismo catalán"

Y es que la política a favor del separatismo ha sido el gran caballo de batalla de Comín en estos casi dos años en el cargo. Las complejas alianzas políticas las comprobó no solo en ese pacto de gobierno que hacía socio a la CUP, sino también en el propio Junts pel Sí. La coalición, convivencia de funambulistas entre la derecha liberal del PDeCAT y la socialdemocracia de ERC, tuvo a Comín como uno de los primeros protagonistas de sus contradicciones internas. Así, tras una entrevista de la diputada y portavoz de Salud Montserrat Candini concedida a este diario y en la que negaba la privatización de la sanidad catalana, surgió un cruce de acusaciones públicas entre ambos que denotó las graves diferencias de criterio sobre cómo gestionar un bien público como el sanitario.

Asimismo, y mientras la fecha de la presunta declaración de independencia se acercaba, la vocación de Comín por asumir un papel destacado en el "procés" fue dirigiendo los intereses del conseller hacia fines poco sanitarios. La instrumentalización de los recursos sanitarios y mediáticos para aderezar la futurible república catalana llevaron a Comín a emitir más partes de heridos por las cargas policiales del 1-O que por los atentados de La Rambla del 17 de agosto, como demostró este periódico. También a promocionar y preparar un plan de atención psicológica mucho más exhaustivo para los afectados en la jornada del referéndum que el diseñado para las víctimas del terrorismo sufrido en la ciudad condal. Programa, por cierto, del que nunca más se supo.

La sanidad preocupa más que la españolidad

En septiembre de 2017, los datos del CEO (barómetro oficial de opinión catalán), arrojaban evidencias en modo objetivo: la mayoría de los catalanes seguía considerando que esperaba demasiado tiempo para recibir atención sanitaria en Urgencias. En la siguiente oleada, los números eran claros: a los residentes en la comunidad catalana le preocupaba diez veces más la sanidad que las dudas que tienen respecto a su identidad nacional.

Un ejemplo más de que Comín ha dejado las cosas igual o peor de lo que estaban cuando llegó al cargo: profesionales divididos, esperando financiación y mejoras en la gestión en lugar de matices ideológicos que han dejado un montón de necesidades en la casilla de ‘vuelta a empezar’.