La nueva directora de la patronal sanitaria La Unió, Roser Fernández, ha observado que el sector está "en un momento de estancamiento" por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del Gobierno de las cuentas de la Generalitat, que impide emprender nuevas acciones y aplicar estrategias que no estuvieran en los anteriores Presupuestos, así como por la falta de un govern y de unas nuevas cuentas.
En una entrevista de Europa Press, Fernández ha explicado que la Consejería de Salud actual no les puede dar respuesta a ningún compromiso porque todo se tiene que autorizar desde Madrid: "Nos está afectando en el hecho de no poder negociar cuál es el escenario económico que tenemos en los próximos años".
La implementación de nuevas estrategias elaboradas, como la de Atención Primaria y el modelo de atención sanitaria a residencias, está "condicionada" por esta situación, y ha observado que si se prorrogan las cuentas anteriores y no se hace un nuevo contrato, no se podrá pagar, ante lo que ha defendido que se retire la intervención estatal y el 155.
Ha explicado que desde los hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) le han explicado que tienen "dificultades en la contratación de medicamentos y equipamientos", ya que aunque dispongan de presupuesto tienen que firmar gasto por gasto, como una especie de declaración jurada, para demostrar que aquel concurso o compra no destina nada a la independencia, ha dicho.
A los centros concertados les afecta en la implementación de estrategias nacionales como la de salud mental, porque no pueden contar con que tendrán recursos públicos para desarrollarla los años siguientes: "No tenemos reconocidos formalmente los compromisos que se han tomado" porque no hay unos Presupuestos, ha dicho.
Cautela
"La red de salud mental está un poco cautelosa" y si bien ya ha incorporado mejoras aprobadas en 2017, como la contratación de personal, algunas entidades (las concertadas sobre todo) están apostando por tirar adelante con recursos propios, a la espera de que llegue el compromiso efectivo, ante lo que la patronal recomienda prudencia, ante la inseguridad sobre si se podrá sumar a la cartera pública de 2018.
Fernández ha observado que el año pasado se aprobó un escenario de empuje en la salud mental, que ponía unos recursos a dos o tres años vista, y ha observado que los recursos de 2017, al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y la Consejería "les ha costado sudor y lagrimas ponerlos en el contrato" actual, insistiendo al Gobierno.
"Nos posicionamos en recuperar la gobernanza de nuestras instituciones" y gobernantes, así como por la salud de la democracia y el diálogo, ha dicho Fernández, que ha hecho hincapié en la necesidad de que la libertad de expresión y las reivindicaciones sean desde actitudes cívicas y pacíficas.
Ha dicho que se suman a las manifestaciones que pueda haber en este sentido, como hicieron anteriormente con comunicados posicionándose, por ejemplo, contra el encarcelamiento de miembros del Govern cesado, que consideran "injusto", aunque en otros aspectos más ideológicos no entran como institución.
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