Antoni Comín llegó hace casi ya un año a la Consejería de Salud de Cataluña, y en este tiempo ha presumido de ser un defensor a ultranza de la
sanidad universal y de una atención de calidad puramente pública, enarbolando incluso la bandera de la 'desprivatización', como él ha calificado al fin de algunos conciertos con la privada. Ha vendido también a bombo y platillo un acuerdo con la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, para priorizar la asistencia sanitaria a los habitantes de los barrios "más desfavorecidos" de la ciudad. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Así ha quedado patente después de conocerse el caso de una familia de
inmigrantes que se ha visto obligada a pagar 150 euros por la atención sanitaria de su bebé en Urgencias.
Una familia de ciudadanos extracomunitarios, residentes en Cataluña -aunque aun no habían podido solicitar la tarjeta sanitaria-, ha tenido que pagar 150 euros para que su bebé de un año de edad fuera atendido por problemas respiratorios. El pago de la factura se produjo en el momento previo a la atención, tal y como informa la
Cadena SER.
La familia, dados sus escasos recursos económicos, decidió priorizar la visita del menor de edad. El padre y su hermana, de tres años, también se encontraban enfermos, pero renunciaron a ser atendidos porque no tenían dinero suficiente para pagar tres visitas urgentes. Cabe destacar que esta situación contradice lo estipulado por la
orden del departamento de salud que establece la instrucción para aplicar el protocolo de asistencia y facturación de la atención urgente a ciudadanos que no tienen la condición de asegurados por la Seguridad Social.
“La
facturación por la visita urgente es totalmente ilegal y contraria a la resolución del 30 de Septiembre del CatSalut sobre asistencia y facturación de la actuación sanitaria urgente”, señala en ese sentido la Plataforma por la Atención Sanitaria Universal de Cataluña.
El hecho se produjo a principios de diciembre en el
Hospital Joan XXIII de Tarragona, que reconoció el error y la familia ya está a la espera de que se les reintegre el dinero de la factura. Sin embargo, este caso no es exclusivo. Un
refugiado sirio tuvo que pagar 207 euros por ser atendido en el
Hospital de Sant Pau de Barcelona por dolor estomacal. En ese caso, el centro también ha reconocido "el error humano" y lo achaca a que el personal desconocía los
protocolos de urgencias.
La plataforma ya ha pedido una reunión con
David Elvira, director del Servicio Catalá de Salut, para pedir explicaciones. Por su parte, la Consejería de Salud ha admitido que los casos son reales, y se ha excusado diciendo que la próxima semana se reunirá con representantes de la plataforma para aclarar lo sucedido.
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