El candidato de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Francesc Homs, ha defendido en un acto de campaña para las elecciones generales del 26 de junio los conciertos sanitarios como parte natural del sistema de salud de un país. “Nuestro modelo es la tutela pública, prioridad para el ciudadano y quien presta el servicio puede ser de iniciativa pública, social o privada, lo fundamental no es quien presta el servicio”, ha espetado el político.
Un discurso muy en consonancia con las declaraciones ofrecidas por el consejero de Salud catalán, Antoni Comín, que en una reciente entrevista en el diario El País ha explicado que no quiere “prohibir la actividad privada de los operadores públicos porque es una fuente de financiación a la que no podemos renunciar”. Unas palabras que distan mucho de lo que hace unos meses se llegó a tildar de “la mayor desprivatización de la historia de Cataluña”. Por aquel entonces, con Comín recién llegado a la Consejería, se promulgó el fin de los conciertos con la Clínica del Vallés y el Hospital General de Cataluña, dos centros sanitarios privados.
Trascurrido el tiempo suficiente para analizar el modelo, a principios de mayo y durante un Pleno en el Parlament, Montserrat Candini, diputada de Junts pel Sí (candidatura de la que forma parte CDC), explicó que el Gobierno catalán no rechazaba la privada sino que tenía preferencia por la pública. Asimismo, la dirigente catalana afirmó que no era oportuno confundir “concierto con privatización”. Eran los primeros pasos hacia unos matices de la administración sanitaria regional, que cada vez parece haber soltado más el pie del acelerador.
A ello hay que sumar el desastre presupuestario que vivió Cataluña el pasado 8 de junio, cuando la CUP, partido que tiene la llave para la gobernabilidad de JxSí, se negó a aprobar las cuentas para 2016. Estas contemplaban un aumento de 317 millones de euros en sanidad, con una inversión total de 8.716,5 millones de euros. La consiguiente prórroga del presupuesto ha complicado algunos planes de la Consejería, como la reducción de las listas de espera quirúrgica y de especialista, además de lastrar el saldo de algunas deudas de consorcios como el del Maresme.
Un contexto inesperado por JxSí, que parece haber virado las a priori inamovibles posturas sobre la titularidad de los servicios sanitarios por falta de fondos pero también por la evidente erosión en su relación con la CUP, partido que no admite una sanidad que no sea eminentemente pública. De hecho, la reversión de conciertos era una de las condiciones para que el Ejecutivo de Puigdemont llegara al poder, un estadio que se mantiene pero que ha obligado al presidente catalán a someterse a una cuestión de confianza el próximo mes de septiembre.
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