La nueva vía de financiación autonómica para Cataluña supondrá para la comunidad autónoma
contar con unos 5.000 y 7.000 millones de euros, como mínimo, que hasta ahora gestiona el Estado. Así lo determina el catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y director del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES),
Guillem López-Casasnovas en su publicación 'Una nova via de finançament autonòmic'.
Así, el Departament de Salut, el ámbito que
concentra un mayor porcentaje de presupuesto, podría ser el más beneficiado. En los últimos presupuestos aprobados de la Generalitat, en el ejercicio de 2023, el total ascendía a
41.025 millones de euros. Por su parte, el presupuesto de
Salut fue de 11.636 millones de euros, es decir, el 28,3 por ciento del total.
Para López-Casasnovas, el pacto es, de entrada,
"positivo". Sin embargo, muestra sus dudas ante la
dificultad de tramitarlo. El catedrático considera significativo que "se rompa con el régimen común, aunque el Estado haga esfuerzos para decir que este sistema se puede generalizar a más territorios".
Cambios previstos en el acuerdo
Con la ampliación solo del IRPF, los ingresos normativos en 2021 representaron, al 50 por ciento,
11.326 millones de euros. "Si ahora se transfirieran, el 50 por ciento restante,
11.326 millones de euros adicionales entrarían a la caja", ha explicado.
Así, el Estado perdería entre 6.000 y 8.000 millones de euros. "
Presupuestariamente es neutral para el resto de comunidades autónomas, pero no para el Estado" ha detallado López-Casasnovas. Por ello, si se quisiera neutralizar transitoriamente, "se deberían identificar en el
aumento del 50 por ciento del IRPF aquellas competencias asumidas que se han pagado inicialmente en partidas separadas o reducir marginalmente el peso de la participación en los impuestos indirectos".
El catedrático de Economía de la UPF y director del CRES concluye que "aunque no supusiera, de entrada, un aumento sustantivo de recursos para la Generalitat, el hecho de
salir del sistema y comenzar a basarse en la capacidad fiscal propia podría valer la pena". En ese sentido, ha remarcado que "estos no son los cálculos de la independencia, o de los privilegios forales, pero es perder el lastre que durante tantos años ha envenenado las relaciones financieras entre la Administración central y Cataluña".
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