Cristina Mouriño. Madrid
La Instrucción 05/2015 del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) que autorizaba la actividad privada en los centros públicos ha quedado paralizada. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Salud de Cataluña a Redacción Médica que han explicado que como consecuencia de la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de diversas mociones la Instrucción 05/2015 queda sin efecto hasta que este tipo de prestación y su posible régimen de gestión, realización y autorización no hayan sido debatidos y consensuados en sede parlamentaria.

Josep María Padrosa, gerente del CatSalut.

Solo un mes después de que se pusiera en marcha esta medida, el CatSalut ha tenido que frenarla ante la falta de consenso. Esta iniciativa surgió en medio de la polémica suscitada en torno a Barnaclinic, cuya actividad ha sido sometida a una auditoría con el fin de conocer si está suficientemente diferenciada de la del Hospital Clínic de Barcelona, una cuestión que sí ha confirmado el juzgado mercantil número 7 de Barcelona. La sentencia que responde al recurso presentado por la ACES,  asegura que la relación entre ambas organizaciones está perfectamente clara.

La instrucción que ahora ha paralizado el CatSalut preveía que la actividad privada fuera atendida en los centros públicos siempre que se tratara de los servicios incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) prestados a asegurados del SNS que hayan renunciado a la cobertura pública de una prestación concreta y quieran ser atendidos como pacientes privados.

Asimismo quedaba garantizada la separación efectiva de la puerta de entrada para evitar derivaciones no legítimas y la competencia desleal, para lo cual se exigía el consentimiento escrito del paciente con cobertura del CatSalut donde conste su renuncia a esta cobertura pública. En cuanto al personal de los centros públicos con actividad privada la instrucción establecía que no podrán recibir compensaciones económicas adicionales por las actuaciones llevadas a cabo dentro de la jornada laboral.

Tras el rechazo por parte del sector, el departamento que lidera Boi Ruiz ha decidido esperar a debatirlo en sede parlamentaria para recabar el apoyo que avale la puesta en marcha de esta medida, al igual que ha hecho con el Consorcio Sanitario de Lleida, al que también dará luz verde si cuenta con el consenso suficiente.