Este martes se ha puesto la primera piedra de lo que será la futura Seguridad Social Catalana con el registro en el Parlament de la proposición de ley que pretende crear la Agencia Catalana de Protección Social. Un proceso impulsado por Junts pel Sí y la CUP, que han pedido que se tramite con urgencia, por lo que podría recalar en la Cámara durante el mes de julio.
Se trata de un organismo autónomo dependiente del Gobierno encargado de gestionar los recursos para garantizar las prestaciones económicas así como los servicios sanitarios de la región. Sin embargo, esto no significa que las funciones de administración de la sanidad catalana cambien de manos, pues la propia ley deja claro que seguirá siendo competencia del Servicio Catalán de Salud.
El mayor riesgo que tiene la ley para salir adelante es que el Tribunal Constitucional la eche para atrás; por ello, ambas formaciones han explicado esta mañana que, a su juicio, “no invade competencias del Estado”. Argumentan que casa bien con la actual legislación, pues solo reordena las competencias que ya se tienen.
Esta norma es una de las tres leyes que el actual Ejecutivo se comprometió a elaborar con el fin de ‘desconectarse’ del Estado, y concentrará todo lo referente a protección social, pensiones no contributivas, sanidad y Seguridad Social. De hecho, el diputado de Junts pel Sí Chakir el Homrani, lo que hace es crear “la estructura para gestionar todas las prestaciones sociales que hay en Cataluña y ser el embrión de la Seguridad Social catalana”.
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