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Justicia y Policía cuestionan la veracidad de la lista de heridos en el 1-O

El ministro Rafael Catalá ha defendido que los agentes hicieron un "uso limitado de la fuerza" durante el referéndum

El comisario Florentino Villabona y el ministro de Justicia Rafael Catalá.

23 nov 2017. 12.20H
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POR REDACCIÓN
El Ministerio de Justicia y la Policía Nacional han cuestionado el número de heridos por las cargas policiales durante el 1-O. Así lo ha manifestado el ministro Rafael Catalá que ha rechazado la versión que dio el Departamento de Salud, gestionado en ese momento por Antoni Comín, y ha señalado que los agentes hicieron un "uso limitado de la fuerza". "Estamos todos deseosos de conocer el informe médico, la evolución de los informes de atención de los lesionados que hubo aquel día porque, es cierto, hubo centenares y centenares", ha ironizado.

“Sería muy bueno saber qué tal les va y si están recuperados de sus múltiples lesiones, que no sea que se equivoquen de mano en la que tuvieron capsulitis, como algún ejemplo que hemos conocido y tantos y tantos de manipulación como los que se produjeron aquellos días”, ha afirmado Catalá.

Por su parte, el jefe operativo de la Policía Nacional en los últimos diez meses, el comisario Florentino Villabona, también ha indicado que "fue un dispositivo importante, y pese a lo complicado que fue el 1-O, todo ha salido bastante bien", sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad.

La Consejería de Salud

El Departamento de Salud en Cataluña ha emitido comunicados en los que eleva a más de mil el número de personas heridas durante esa jornada. “Ya son más de mil las personas que han sufrido lesiones físicas, la mayoría contusiones, pero también fracturas, incisiones o fisuras y hematomas que han ido saliendo al cabo de los días”, llegó a afirmar el consejero del 1-O.

“Cómo se puede burlar el ministro Catalá de personas que perdieron la visión de un ojo, que sufrieron fracturas o que recibieron múltiples golpes de porra”, ha respondido el exconsejero al ministro para referirse al Gobierno central como el “más antidemocrática de la UE”.

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