El Gobierno tiene una deuda con los funcionarios públicos: 425 millones de euros que les deben de la paga de Navidad de 2012, de la cual tan solo se les ha abonado un 25 por ciento. Esto, en mitad de los esfuerzos de Oriol Junqueras por aprobar los presupuestos para 2016, ha causado cierta decepción entre el personal público.
Fue el Parlamento catalán el que aprobó en enero de 2015 que el 75 por ciento pendiente se pagaría progresivamente hasta 2018. Una disposición que los sindicatos entendieron que se abonaría a razón del 25 por ciento al año hasta la citada fecha. Sin embargo, los plazos no van a ser estos.
En la Mesa General de la Función Pública se les explicó que este 2016 apenas se les va a pagar el 10 por ciento, abonando al año siguiente un 35 por cien de lo que se adeuda y finalmente el 2018 el otro 35 por cien restante. Un discurrir de pagos que parece confiado en la mejora anual de la economía para ir devolviendo poco a poco esta cantidad.
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