Un grupo de radicales vinculados al
independentismo catalán ha quemado en Barcelona una fotografía de varios dirigentes políticos, entre los que figura la consejera de Sanidad de Baleares,
Manuela García, como protesta por la eliminación del
requisito de la lengua catalana para trabajar como sanitario.
El acto vandálico se produjo durante la celebración la Diada de este lunes, 11 de septiembre. Tal y como aprecia en un vídeo publicados por
The Objective, dos individuos prenden fuego a una pancarta en la que aparecen también
Carlos Flores (Vox),
Alberto Núñez Feijóo (PP) y
Pedro Sánchez (PSOE).
Este mismo martes, la consejera balear, ha reivindicado en el Parlament su plan de captación de talento médico, que incluye entre otras medidas esta
derogación del requisito del catalán para trabajar en el sistema de salud.
En anteriores comparecencias, García incidió en que "no existe un problema en cuanto a la relación médico-paciente” en términos lingüísticos y que “
se potenciará la utilización del catalán en las consultas”. No obstante, subrayó que "el personal es muy importante a la hora de poder
disminuir listas de espera quirúrgicas y de consultas externas.
En este sentido, la principal responsable del IB Salut reiteró que el
"reto más importante" en la actualidad es la atracción y fidelización de personal sanitario, especialmente de médicos que ejerzan en
zonas de difícil cobertura como Ibiza o algunos puntos de Mallorca.
Condena del PP y el Gobierno balear
Tras la divulgación de las imágenes, García, miembro independiente del Gobierno autonómico, ha recibido el apoyo del PP y de diferentes cargos del Ejecutivo. Incluido el de la presidenta de Baleares,
Marga Prohens, quien ha exteriorizado su “condena” hacia este acto vandálico y ha transmitido su
“solidaridad” a los damnificados. “Estoy muy orgullosa del trabajo y el compromiso de la consejera Manuela García con la sanidad de las islas”, ha recalcado a través de las redes sociales.
Desde el Partido Popular
condenan también “enérgicamente” la quema de fotografías de políticos, un hecho que “
atenta contra la integridad de las personas afectadas”.
“Se trata de unos hechos insólitos que
no caben en democracia”, ha zanjado el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras.
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