El Ministerio de Hacienda mantiene un férreo dispositivo para controlar que ningún pago que realice la Generalitat sirva para financiar el ilegalizado referéndum del 1 de octubre. Para ello, ha enviado una comunicación a los principales representantes del sector bancario en el que figura “el listado de entidades de la Comunidad Autónoma de Cataluña” a las que se ha de aplicar una vigilancia especial. Dentro de esa lista, que ha adelantado el diario El País, figuran 300 entidades, de las cuales, un total de 50 son instituciones sanitarias.
Todas estas instituciones tienen que informar de sus pagos, ya sea notificando de manera previa al Ministerio de Hacienda en la figura del interventor, ya sea emitiendo una declaración responsable. El Ministerio conmina a las entidades financieras a no tramitar órdenes de pago que no cuenten con esta supervisión. Hacienda está incluso poniendo en marcha una plataforma informática para agilizar todo este proceso.
Entre las entidades catalanas sometidas a vigilancia, figuran todas aquellas relevantes dentro de la sanidad pública, empezando por el propio Instituto Catalán de Salud (ICS). Además, están incluidos en la lista el Servicio Catalán de Salud (CatSalut), la agencia de calidad Aquas, el Instituto Catalán de Oncología, todos los consorcios sanitarios -el de Terrasa, el de Barcelona, el del Maresme, el de Vic...-, hospitales como el Hospital Clínic de Barcelona o el Parc Taulí, la empresa Barnaclinic S.A., el Instituto de Diagnóstico por Imagen, el Instituto de Investigación Biomédica de Girona Josep Trueta o el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili.
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