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Falta de consenso entre los colegios sanitarios catalanes ante el 1-O

Médicos y Enfermería de Lleida y Tarragona no participaron en el comunicado de apoyo tras las detenciones

Manifestación en Barcelona por las detenciones a 14 cargos de la Generalitat.

21 sep 2017. 11.40H
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POR MARC CEBRIÁN
Los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermeros de Lleida y Tarragona han declinado sumarse al manifiesto en el que más de una veintena agrupaciones profesionales de Cataluña se han posicionado al lado de las instituciones catalanes y defendían el "derecho a decidir" del próximo 1-O. Una iniciativa que sí ha contado con el apoyo de los colegios sanitarios de Barcelona y Girona.

Contactados por Redacción Médica, médicos de Tarragona han argumentado que tienen "hasta el día 30 de septiembre para posicionarse"; por su parte, en Lleida tampoco tienen tomada la decisión. En el caso enfermero, en la provincia tarraconense tampoco se han querido postular, a la espera de una decisión en de sus compañeros de Lleida.

El comunicado defiende que "los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer todos sus derechos democráticos, entre los que están el de votar y el de expresión, sin límites y con libertad". Un posicionamiento al que no se han sumado las agrupaciones sanitarias de Tarragona y Lleida en el marco de la jornada del pasado 20 de septiembre, cuando se produjo una operación de la Guardia Civil que acabó con 14 detenciones a altos cargos por su responsabilidad en la organización y financiación del referéndum.

Así, ni médicos ni Enfermería de las provincias de Tarragona y Lleida estamparon su firma en el comunicado que este miércoles suscribieron el resto de colegios sanitarios (y no sanitarios) de la región. Por ello, hasta el momento ya hay una veintena de agrupaciones y colegios profesionales catalanes que han hecho público su rechazo a las actuaciones del Estado. En éste, se incluyen los colectivos de Psicólogos, Odontólogos y Estomatólogos, así como los de Fisioterapeutas o Pedagogos, entre otros.

En el comunicado tildan de "amenazas" el mecanismo de control activado por el Ejecutivo central para evitar que se deriver dinero público al proceso que el Tribunal Constitucional ha sentenciado de ilegal. El texto concluye por el posicionamiento de que “los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer todos sus derechos democráticos, entre ellos el de votar y el de expresión, sin límites y en libertad”.

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