El TSJC asume el control del 1-O para impedir que se vote en ambulatorios

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Fiscalía, a tres días del referéndum del 1-O, que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” para impedir la votación porque una magistrada del alto Tribunal catalán ya ha asumido la investigación y ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum.

De este modo, el TSJC obliga a cerrar los espacios que se hubieran podido abrir para la votación. Espacios como los 77 centros de salud que se han habilitado en esta ocasión para celebrar el referendum ilegal. Estos lugares suponen un tres por ciento del total de espacios electorales en toda Cataluña.

En el auto, la magistrada del alto Tribunal Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el gobierno catalán, notifica a la Fiscalía que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé esta medida cuando exista un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía Superior de Catalunya había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellas una en la que ordenaba a los Mossos d’Esquadra que precintaran los colegios electorales.

Precisamente, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, explicó en una comunicación destinada al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que precintar centros sanitarios de votación sería un peligro, tal y como ordena la autoridad nacional para todo potencial colegio electoral de cara a la cita del 1-O.