El choque de trenes se ha producido de forma casi simultánea. Poco más de media hora después de que el Parlament votara y aprobara la
declaración unilateral de independencia de Cataluña, el Senado aprobaba a su vez y daba luz verde al
artículo 155 de la Constitución. La aprobación por la Cámara Alta ha sido el paso previo para que el Consejo de Ministros, que se reúne este viernes a las 18:00 horas, concrete las medidas para intervenir el Govern de la Generalitat y cesar tanto al presidente Carles Puigdemont como a los consejeros, entre ellos el de Salud,
Antoni Comín. Las medidas aprobadas fueron
recogidas en el BOE en su edición digital por la tarde del viernes.
El Parlament ha aprobado la ruptura de forma unilateral con la aprobación del texto de
Junts pel Sí en el que se constituye una "República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Esta
sesión parlamentaria se ha producido un día después de que el president del Govern,
Carles Puigdemont, renunciara a convocar elecciones por las "
injustas medidas" que abarca esta medida.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución implica que el Gobierno central se hace con el control de las instituciones catalanas hasta la celebración de unas elecciones autonómicas gestionadas por el Estado.
De este modo, la toma de decisiones, la aprobación de medidas sanitarias y el control financiero pasan a ser competencia directa del Gobierno central.
Uno de los escenarios que se abren en este momento es que sea el propio
Ministerio de Sanidad el que se haga cargo del Departamento de Salud. La otra opción,
tal y como adelantó este medio, es que el Ejecutivo ponga a
un tecnócrata al frente de la consejería para que se encargue de las gestiones en materia sanitaria sin basarse en
criterios políticas.
Agencia Pública de Salud
El consejero
Antoni Comín aprobó esta semana la
Ley de creación de la Agencia Pública de Salud, uno de los dos mecanismos con los que preparaba la hoja de ruta de la sanidad hacia la independencia de la comunidad. Pero la efectividad de este proyecto dejará de tener efecto ya que el presidente
Mariano Rajoy ya ha confirmado la intervención de la Consejería con la entrada en vigor de la
publicación en el BOE.
Por su parte, la ministra de Sanidad,
Dolors Montserrat, señaló que los efectos de la intervención no era tanto
"asumir las competencias" como de que "los funcionarios del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña continúen manteniendo los servicios públicos y por lo tanto que los hospitales estén abiertos " para que se garantice el funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud.
Control de la financiación
Las cuentas financieras ya están intervenidas. El pasado mes de septiembre, el
Ministerio de Hacienda anunció que el control de la financiación sobre
el pago de las nóminas de los profesionales sanitarios. Esta medida pretendía evitar la desviación de partidas presupuestarias al
referéndum del 1-O.
A pesar de que el vicepresidente del Govern,
Oriol Junqueras, haya negado esta intervención,
fuentes de la cartera de las Administraciones Públicas aseguraron a este periódico que la Generalitat de Cataluña debía pedir permiso y supervisión al ministro
Cristóbal Montoro para pagar las nóminas a los sanitarios catalanes.
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