El consejero de Salud de Cataluña,
Antoni Comín, se irá de vacaciones sin poder aprobar las dos leyes sanitarias previstas para antes de agosto, que daban paso a la creación de la
Agencia de Salud Pública y la de la Agencia Catalana del Medicamento (ACM). Esto se debe a que el Parlament de Cataluña ha priorizado sus preguntas en la ley de la Agencia Tributaria, que podrá derivar en una futura
Hacienda catalana, y en el cambio del reglamento del Parlament con el que el Govern tiene el propósito de romper con España.
Según publicó
Redacción Médica, el consejero contaba con aprobar estas
dos leyes sanitarias durante la semana de antes de las vacaciones de los diputados, concretamente, en el pleno de este miércoles que ha llevado a cabo el Parlament de Cataluña, ya que es el último previo a agosto. El pasado 13 de julio, fuentes de la Consejería de Salud confirmaban a este medio que el consejero iba a aprobar
la Agencia Catalana del Medicamento y la Agencia de Salud Pública durante la sesión del 26 julio. Sin embargo, estas mismas fuentes
han cambiado con celeridad su discurso, minutos después del comienzo de la sesión, y han negado que el consejero se refiriese a julio, trasladando a agosto y septiembre ambos proyectos.
El Parlament ha optado por una sesión centrada en la postura del Govern en la creación de la Hacienda catalana y en la reforma del reglamento del Parlament, entre otras cuestiones como las partidas económicas que avalen el proyecto secesionista así como el papel que jugarán los Mossos d'Esquadra
el próximo 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum.
‘Aemps catalana’ y Agencia de Salud Pública
La
Agencia Catalana del Medicamento (ACM) prevé convertirse en el órgano que asuma las decisiones en el ámbito farmacéutico de Cataluña. A pesar de que la aprobación de
los medicamentos así como su seguridad y eficacia corren a cargo de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). El Govern respondió en su momento que la ACM asumiría funciones distintas a las que desempeña a la Aemps, y se limitarían a formentar el uso responsable del medicamento. Una posición que evolucionaría a tomar todas las competencias una vez llegada la futurible 'desconexión'.
En el caso de la
Agencia de Salud Pública, el objetivo es recuperarla como una institución autónoma ya que actualmente, y desde 2014, ésta está integrada dentro de la
secretaría de Salud Pública en el Departamento de Salud de la Generalitat.
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