Redacción. Barcelona
El Gobierno regional no modificará su política lingüística obviando así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se anulaba parte del protocolo establecido para el sector público de la comunidad. Esta medida obligaba a los funcionarios, entre ellos a todo el personal sanitario, a hablar entre ellos en catalán y a iniciar todas las conversaciones con los usuarios en esta lengua, ya fuera de manera presencial, por teléfono o los mensajes de megafonía, hecho que motivó una denuncia en la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal por parte de un médico del Hospital Joan XIII de Tarragona.
Así lo ha manifestado la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, que en declaraciones a Catalunya Radio ha calificado de “alarmante” y “sin fundamento” la sentencia. Además ha asegurado que los funcionarios seguirán atendiendo al público en catalán porque la decisión judicial “no implica ningún cambio” en el protocolo establecido porque el decreto dice que “la lengua de uso normal en la administración pública de Cataluña es la lengua catalana".
"Es una sentencia política. Pensamos que lo mismo que se está recomendando y que está funcionando en la administración en estos momentos, hace más de 35 años que se está siguiendo e intentando normalizar. Por tanto, ahora el contexto político es diferente y lo que busca es el intento de politizar, vía judicial, aquello que no correspondería", ha afirmado Franquesa.
El Gobierno catalán no recurrirá la sentencia
En concreto, la sentencia del TSJC anula el artículo que establece que "la lengua de comunicación entre el personal debe ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc, especialmente ante terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o laboral externo". Para el tribunal, el "contenido imperativo" de este artículo se "extralimita" del marco normativo fijado por el Estatuto de Cataluña.
A pesar de la decisión del Gobierno regional de no acatar esta decisión, la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, ha afirmado que el Ejecutivo catalán no recurrirá la sentencia. “Últimamente hay sentencias diversas que se pueden interpretar más en clave política que no estrictamente judicial", ha afirmado en declaraciones a La Xarxa recogidas por Europa Press.
“No es un tema normativo, obligatorio para el trabajador", ha afirmado Borrás, que ha apuntado que el protocolo es “orientativo” y que por ello esta sentencia no altera la norma.
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