La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España del exconsejero de Salud Antoni Comín, el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los otres tres exconsejeros que les acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, incluyendo los de rebelión y sedición, salvo el de prevaricación, según ha manifestado uno de los abogados de los cinco, Christophe Marchand.
"La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español", ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de once abogados de los exmandatarios catalanes, al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia).
El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por funcionarios", según ha adelantado la defensa de los requeridos.
Tras una audiencia que el letrado ha calificado de "serena", y en la que se han escuchado únicamente los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.
La sesión se ha celebrado a puerta cerrada y ha contado con la presencia de un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.
Una llegada discreta
La vista ha comenzado en torno a las 14:00 horas y ha durado alrededor de una hora, cuando el equipo de abogados belgas de Puigdemont y sus exconsellers ha comparecido ante los medios, pasadas las 15:15 horas.
Tanto Puigdemont como Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret han eludido en todo el momento el contacto con la prensa. Los reclamados y su equipo de abogados han llegado al órgano judicial sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio que alberga este tribunal, que dispone de más de una decena de entradas.
Un fuerte dispositivo de seguridad situado en la puerta más próxima a la sala de vistas ha impedido a los informadores acercarse para poder ver llegar o salir a los exmandatarios catalanes.
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