El Tribunal Constitucional ha echado para atrás por unanimidad varios puntos de la ley con la que Cataluña pretendía ir creando las estructuras propias de un Estado independiente, objetivo último de buena parte de los pasos que está tomando el Ejecutivo en esta legislatura.
En la citada ley, que se aprobó el año pasado, se preveía la creación de una Hacienda propia, una seguridad social independiente y planes de control para otras estructuras clave. En este sentido, el pasado 6 de junio se publicaba el acuerdo del Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud, que modificaba los órganos centrales y territoriales de la mencionada organización, y que podría quedar afectado por la decisión judicial.
Sanidad veía un "nuevo cambio de escenario, con el inicio de una nueva legislatura y los nuevos retos que se presentan, como la definición de aquellas estructuras que pueden llegar a ser necesarias para el desarrollo de plenas competencias en el ámbito de Salud, hacen necesaria una revisión de la actual estructura del Servicio Catalán de la Salud". Es decir, que el departamento dirigido por Antoni Comín preparaba la estructura de un sistema sanitario catalán independiente.
Del mismo modo, en aquella disposición el Gobierno catalán creaba Área del Medicamento, de la que dependían la Gerencia de Farmacia y del Medicamento y la Gerencia de Armonización Farmacoterapéutica. Según confirmaron entonces fuentes de la Consejería a Redacción Médica, la mencionada Área constituía el paso previo a la creación de la Agencia Catalana del Medicamento, la cual se diseñaba para que se ocupara de competencias que son del Estado central.
“En la estructura institucional actual y el marco legislativo vigente, las competencias de autorización, precio y condiciones de reembolso público de medicamentos son de ámbito estatal”, explicaron. Por ello, “se hace necesario pensar en una Agencia Catalana del Medicamento, que incluya nuevas competencias y reorganice las ya reconocidas”, argumentaban en el texto de la medida que, como el resto, quedan ahora a la espera de un recurso o de cualquier otra medida que la Generalitat pueda emprender.
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