El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña, a través de la cual la Generalitat pretende crear una seguridad social catalana, lo que se traduciría en la creación de un organismo autónomo de Sanidad.
El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, como medida para frenar el marco legislativo que la Generalitat aspira a crear para edificar las estructuras de un posible Estado independiente.
Invocando al artículo 161.2 de la Constitución ("El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses"), el Constitucional ha impugnado la ley en su conjunto, suspendida cautelarmente
A finales de septiembre, el Gobierno recurrió la Ley de Protección Social de Cataluña al entender que suponía una vulneración del derecho constitucional y que pretendía crear estructuras de Estado a escala autonómica.
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