El conflicto salarial entre Metges de Cataluña y las ocho empresas sanitarias a las que han demandado por mantener un descuento del salario del 5 por ciento a sus médicos residentes finalmente se dirimirá en un juzgado. Según ha podido saber Redacción Médica, este martes hubo un acto de conciliación que culminó sin que se llegara a un acuerdo, por lo que la vía judicial es ahora el camino para dar con una solución.
Según la organización sindical, estas empresas no pueden aplicar la mencionada rebaja salarial a sus MIR, ya que son personal laboral y no funcionarios, y además carecen del complemento variable por objetivos (DPO), requisito para aplicar este descuento. Una posición que choca con lo que fuentes de los consorcios explican a este medio, que consideran que el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, afecta a todos los trabajadores por igual.
En relación al I Convenio Colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental concertados con el Servei Català de la Salut (CatSalut), que se firmó en 2015, las empresas explican que no pueden ponerlo por encima de una norma básica como es el citado Real Decreto. Sin embargo, es este convenio en el que se apoya el sindicato para justificar que el recorte de salario es ilegal por establecer la relación con el DPO. “Es un error que se lleva cometiendo desde el primer momento en que se rebajó el salario a los MIR en 2010 porque no les correspondía y en los centros privados ya se ganó la demanda”, aclaran fuentes sindicales.
Las entidades demandadas ante el Tribunal Laboral de Cataluña son la Corporación de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), el Consorcio Sanitario Integral (CSI), el Consorcio Sanitario de l’Anoia (CSA), el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), el Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), la Corporación Sanitària Parc Taulí, el Hospital de Vic y el Hospital de Figueres.
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