El pasado 13 de octubre,
Antoni Comín se reunió con la Junta directiva del
Colegio de Médicos de Tarragona. Un encuentro en el que el consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña les prometió “una
inversión de 60 millones de euros para construir un nuevo hospital Juan XXIII, porque el actual está caduco”, según explica
Fernando Vizcarro, su presidente. El representante de los facultativos recuerda que se lo comunicó “unos minutos después de haberlo dicho ya en rueda de prensa”. Se trata de una nueva promesa de inversión de Comín, que
los médicos de la provincia recibieron “con escepticismo”. “Apenas dos días después leí que
en Gerona acababa de prometer 200 millones para otro hospital”, asevera el directivo. Proyecto, este último, que afecta al Hospital Trueta y que la exconsejera
Marina Geli calificó en su día como “la catedral del siglo XXI de Girona”.
En unos días, Comín se había comprometido a
dos inversiones que sumaban unos 260 millones de euros. Aunque ahí no acaba la cosa:
según confirmaba a Redacción Médica el diputado de Ciudadanos en el Parlament,
Jorge Soler, el titular de Salud también se ha comprometido a una
inversión en el hospital de Viladecans de “unos 20 millones de euros para mejorar el servicio de Urgencias”. Si a ello se suma que hasta este miércoles, cuando el grupo propietario ha confirmado que el centro no está en venta, Comín también
quería comprar el Hospital General de Cataluña por 55 millones, la suma aproximada de promesas de inversión del consejero en la sanidad catalana asciende a
335 millones de euros.
Compromisos enmarcados en un doble contexto complicado. Por un lado, el propio Servicio Catalán de Salud reconocía hace unos días que
no podía hacer frente a la deuda que tiene con los hospitales concertados, aunque su compromiso de pago es a 60 días vista. Así, de los 350 millones de euros mensuales que debe abonar, en muchos apenas puede hacer frente a la mitad, a expensas de cobrar del Gobierno central el
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En segundo término, Comín pasea la chequera en un marco de
presupuestos prorrogados, ya que la CUP decidió no apoyar las cuentas que la Generalitat había preparado para 2016. Una situación que ha bloqueado una inversión de 360 millones de euros más en sanidad, casi la misma cantidad que el consejero ha ido prometiendo en las últimas semanas, o la deuda mensual con los conciertos, y que no ha aclarado de dónde va a sacar.
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