La
gestión de las incapacidades temporales (IT) y de las contingencias profesionales continúan en el centro del debate de administraciones, agentes económicos, sociales, sindicatos, sanitarios y pacientes. En Cataluña, el Departament de Salut planteó un
conjunto de incentivos en Atención Primaria para reducir bajas por IT, que finalmente
retiró por la presión de profesionales, usuarios y socios políticos. En este sentido, Salut asegura en su última manifestación sobre esta cuestión que "es consciente de las inquietudes expresadas por profesionales de Atención Primaria en relación con la
carga administrativa y con la interacción con otros actores del sistema".
En una respuesta parlamentaria, el conseller de la Presidència,
Albert Dalmau, que sustituye a la de Salut,
Olga Pané,
mientras está de baja médica, ha incidido que el Departament "trabaja activamente en la
mejora de los circuitos, la simplificación de procesos y el refuerzo de la coordinación institucional para facilitar la tarea asistencial y
garantizar la calidad de la atención".
Aunque no aterriza demasiado el detalle de estas tres vías, Dalmau ha recordado que la regulación de la actividad asistencial del sistema sanitario público se efectúa según la normativa propia del Servei Català de la Salut y con los
instrumentos de planificación y ordenación asistencial que se derivan. "En este marco, determinadas cuestiones relativas a
percepciones profesionales o valoraciones subjetivas se inscriben en ámbitos de análisis más amplios, sin perjuicio del compromiso del Departament de tenerlos en consideración y de
incorporarlos en los espacios de mejora y coordinación del sistema", ha afirmado el conseller de la Presidència.
Disconformidad con la alta médica
Además, a instancias de los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP, el Departament de Salut ha puntualizado que hay un
procedimiento específico de disconformidad cuando la persona trabajadora no está de acuerdo con la
propuesta o con la alta médica emitida, posterior a la valoración clínica del médico de Familia y, si es necesario, del médico inspector del servicio público de salud, "de acuerdo con
criterios exclusivamente clínicos y bajo la responsabilidad profesional de los facultativos implicados".
Este procedimiento "constituye una
garantía adicional de los derechos de la persona interesada", según Dalmau, y es complementario a otro procedimiento de reclamación previa al alta que garantiza una revisión del proceso por otro equipo de profesionales. "
Las disconformidades formuladas son objeto de seguimiento y revisión, de acuerdo con el que establece la normativa vigente, configurando así un sistema especialmente garantista que
incorpora diversas capas de control clínico y administrativo", ha reflejado.
Por otro lado, Salut pone en valor también las
altas médicas sin visita presencial, bajo unos parámetros concretos, que es una "práctica especialmente relevante en el
marco del procedimiento de las propuestas de alta motivadas", teniendo en cuenta que el plazo que establece la normativa para dar respuesta es
inferior a cinco días, y cuando existe información médica suficiente y contrastada es compatible con una práctica clínica adecuada.
Dalmau cierra su respuesta remarcando que la "emisión de
una alta médica se fundamenta siempre en criterios clínicos, bajo la responsabilidad de profesional del servicio público de salud y con
plena garantía de los derechos de la persona trabajadora, a quien se le comunica el alta el mismo día de su emisión".
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