El Gobierno ha abierto la puerta a que las entidades proveedoras de servicios sanitarios puedan usar el patrimonio sanitario público, con carácter gratuito o a través de una contraprestación, según decida la dirección del Servicio Catalán de la Salud. Una medida incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, que va dentro de los Presupuestos de 2016 elaborados por el departamento de Oriol Junqueras.
Unas cuentas para este año que no han convencido a la CUP, que ha declarado una enmienda a la totalidad de los mismos, además de emprender recientemente una campaña donde precisamente aspiran a expulsar a los operadores privados del sistema sanitario catalán. Así, este punto podría ser uno de los que mayor divergencia podrían crear entre ambas posturas.
En concreto, en el título octavo de otras medidas administrativas del anteproyecto se propone la modificación del artículo 51 de la Ley 15 /1990 de Ordenación Sanitaria de Cataluña, con el añadido de dos puntos (8 y 9). Ahí se indica que "a fin de facilitar la gestión patrimonial eficiente de los bienes del Servicio Catalán de la Salud, la persona titular de la dirección de este ente público, mediante resolución, puede autorizar el uso de los bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud por las entidades proveedoras de servicios sanitarios. "En este mismo punto se indica que el fin de esta medida es "garantizar el correcto funcionamiento de la red pública de salud".
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