El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado recoge la
Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña, aprobada en noviembre por el Parlament. La Agencia nace con la meta de “promover la acción conjunta entre las administraciones para el cuidado y la
atención de las personas en el entorno domiciliario y comunitario”, especialmente los ciudadanos de mayor edad, los que están situación de dependencia y los que padecen
enfermedades crónicas como el cáncer, para “favorecer las alternativas al ingreso” y “la voluntad personal de desarrollar el proyecto de vida en casa durante el mayor tiempo posible”.
El objetivo es garantizar
“la universalidad de los servicios básicos y la atención centrada en la persona”, basándose en “el respeto integral de la dignidad y los derechos de las personas”. “La
atención integrada ha demostrado, también en Cataluña, que disminuye la probabilidad de institucionalización de las personas, ya que les permite permanecer en su entorno domiciliario, y contribuye a favorecer el acceso a los servicios y a disminuir las hospitalizaciones y las readmisiones innecesarias, a propiciar la adherencia al tratamiento, a mejorar la experiencia de las personas atendidas y de su entorno de cuidados, a incrementar la alfabetización y el autocuidado de las personas, a
aumentar la satisfacción laboral de los profesionales y a mejorar los resultados en salud y bienestar”, se resumen en el preámbulo de la ley.
Coordinación e interoperabilidad de datos
Para lograrlo, la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña promoverá
“la acción conjunta entre las administraciones”, lo cual implica “la coordinación, la cooperación y la colaboración con los departamentos de la Generalitat y los entes locales competentes en materia de atención social y de salud, y, en su caso, con otros entes públicos o privados, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso”.
Una de las claves para el buen funcionamiento de esa estrategia será la interoperabilidad de datos entre todos esos actores. Para ello se establecerá un
“sistema de información social y sanitaria común, compartido y compartible”, fundamentado en “los principios de descentralización, interoperabilidad y fiabilidad”. La “interoperabilidad total” de los sistemas de información tendrá que alcanzarse en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.
Las relaciones entre la Agencia y los departamentos competentes en materia de servicios sociales y de salud se articularán mediante un “contrato programa” de carácter quinquenal que tendrá que aprobar el Govern. Será el “instrumento facilitador” del desarrollo del
Plan estratégico de atención integrada social y sanitaria de la Agencia como “herramienta de gobierno”. El Plan establecerá los mecanismos para el despliegue territorial, el seguimiento y la evaluación de los objetivos previstos.
Los cargos que guiarán el rumbo de la Agencia
La Agencia tendrá cuatro órganos de gobierno: la Presidencia, la Vicepresidencia Primera, la Vicepresidencia Segunda y el Consejo Rector, órgano que conformarán representantes de la Administración de la Generalitat y de los entes locales competentes en materia de servicios sociales y de salud, así como por representantes de la ciudadanía. La Agencia también contará con un director, que ejercerá la máxima responsabilidad ejecutiva del órgano y que será elegido en un “proceso de selección abierto que debe ajustarse a los principios de selección de personal que establecen los preceptos en materia de función pública”.
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