El Tribunal de Cuentas (TCu) no ha podido auditar la
contabilidad de un total de
nueve sociedades públicas sanitarias catalanas, cuyo presupuesto suma un total de
228 millones de euros anuales de dinero público. Los datos los aportan fuentes del propio Tribunal, que remiten tanto a su documentación como a la de la
Sindicatura de Cuentas catalana.
En el último informe del órgano fiscalizador se constata que Cataluña es la comunidad autónoma española que
menos rinde cuentas. Los auditores han sido incapaces de conocer la contabilidad de
65 empresas, consorcios y sociedades públicas cuya titularidad recae en la Generalitat, un tercio del total. De éstas,
nueve pertenecen al sector sanitario.
Dentro de este grupo de empresas de contabilidad ‘
opaca’ hay dos empresas públicas (el
Banco de Sangre y Tejidos y el
Parque Sanitario Pere Virgili), tres sociedades mercantiles (
Barnaclinic,
For Tissues and Cells, y
Logaritme, Serveis Logístics) y cuatro consorcios. Estos últimos son los siguientes: la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Hospital de La Cerdanya, el
Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud, el
Consorcio Sanitario de Barcelona y el
Consorcio Sanitario de L’Anoia.
Según explican desde el Tribunal de Cuentas a
Redacción Médica, los datos para elaborar los informes de fiscalización de las empresas públicas catalanas los toman directamente de los informes de la Sindicatura de Cuentas autonómica. El informe de fiscalización del
TCu relativo a 2014, recientemente publicado, se basa en los datos para ese periodo recopilados en el
informe 24/2016 de la sindicatura de cuentas. Ese informe ya recoge en su página 224 el detalle de las empresas “que
no han rendido las cuentas del ejercicio 2014”.
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