El Parlament ha aprobado este jueves la Ley de acceso universal a la asistencia sanitaria. Esta norma garantiza que todos los residentes en Cataluña, es decir, que estén empadronados o que tengan condiciones de arraigamiento a la región, tengan acceso inmediato a toda la cartera de servicios de la sanidad pública catalana.
La nueva normativa elimina la condición de haber residido en Cataluña durante tres meses para ser atendido en una consulta de Atención Primaria y esquiva el decreto de ámbito nacional que limita la asistencia a inmigrantes en situación irregular.
La cámara ha dado luz verde a la ley con 98 votos a favor de Junts Pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es pot y la Cup; 25 abstenciones del grupo Ciudadanos y 10 votos en contra del Partido Popular. El consejero de Salud catalán, Antoni Comín, ha asegurado que “la ley nace con mucho consenso entre todos los grupos parlamentarios y movimientos sociales”. Además, ha calificado de "día histórico para todos los ciudadanos de Cataluña".
Para el consejero, “esta no es una ley cualquiera”. “Es trascendental a efectos prácticos y simbólicamente, porque representa el tipo de sociedad que queremos ser: una sociedad que garantiza los derechos sociales a todas las personas que viven en Cataluña”, ha enfatizado. El titular de Salud ha recordado que esta ley garantiza este derecho después de que, al 2012, el gobierno estatal del PP dejara sin cobertura sanitaria pública una parte de la ciudadanía. “Eso sí que es destruir el sistema sanitario catalán”, ha dicho el consejero antes de arreciar el hecho que con esta nueva ley este sistema acontece “plenamente universal”. El titular de Salud ha agradecido las “aportaciones, el sentido de país y la responsabilidad” de los grupos parlamentarios y de las entidades que han trabajado para hacer realidad esta ley “que es de todos” y que supone una “ley constituyente porque blinda un derecho fundamental y es una base a partir de la cual construimos nuestro modelo de estado y de país”.
La ley, además, garantiza que todas las personas, con independencia de sí son residentes o no, tienen garantizada la atención sanitaria urgente. Una atención urgente el coste de la cual, en el caso de personas no residentes con situación de vulnerabilidad social, será asumida por el Servicio Catalán de la Salud, tal como ya se hacía hasta ahora.
Amnistía Internacional ve "medidas regresivas"
Amnistía Internacional ha mostrado "preocupación" porque la nueva ley de universalización de la cobertura sanitaria, aprobada este jueves por el Parlament, incluye la posibilidad de cobrar la asistencia sanitaria de urgencias a personas no residentes, lo que ve una medida regresiva.
Sostiene que la aprobación de la norma es "un paso adelante" para corregir la exclusión sanitaria de miles de personas en situación administrativa irregular que estableció el Real Decreto 16/2012 del Gobierno central, ha informado este jueves la entidad en un comunicado.
A su juicio, los artículos 3.2 y 3.3 de la ley suponen una "restricción" de un derecho reconocido por el Real Decreto que garantiza la asistencia sanitaria de urgencia a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, además de ser una media injustificada y contraria al derecho internacional.
Ha dicho que el real decreto ha sido calificado de "discriminatorio y regresivo" en la protección del derecho a la salud por Amnistía Internacional, la ONU y el Consejo de Europa, y considera que la ley catalana aprobada por el Parlament es una oportunidad perdida para asegurar la universalidad efectiva del derecho a la salud de todas las personas.
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