La
Generalitat de Cataluña ha aprobado su decreto ley que aprueba los r
equisitos necesarios para garantizar el derecho a la eutanasia, cuya entrada en vigor a nivel estatal se producirá el próximo 25 de junio. Según ha informado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, el consejo del Govern ha aprobado este martes la creación del
Registro de Objeción de Conciencia y la constitución de la
Comisión de Garantía y Evaluación.
“El objetivo de la comisión es el de
evaluar con carácter previo y posterior el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la prestación de la ayuda para morir y resolver por vía administrativa las reclamaciones que se planten”, ha detallado la portavoz del Govern.
Estará formada por la
presidencia, la vicepresidencia y entre nueves y once vocalías que estarán integradas por profesionales de la medicina, del derecho, de la enfermería, de la psicología, de trabajo social y representantes de la sociedad civil. En concreto, serán tres profesionales de medicina, tres juristas, dos profesionales de enfermería, uno de psicología, uno de trabajo social y uno de la sociedad civil.
El nombramiento de las personas que ocupen dichas vocalías corresponde al conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, una vez haya escuchado las consideraciones del Comité de Bioética de Catalunya. Los pertenecientes al ámbito sanitario han de tener
experiencia profesional acreditada en ámbitos como la Atención Primaria, hospitalaria, sociosanitaria o de salud mental. “La mitad de las vocalías serán
propuestas por los colegios profesionales”, ha explicado Plaja.
Por su parte, las vocalías de derecho han de tener experiencia acreditada en su ámbito y conocimientos de derechos sanitarios. Lo que si tendrán en común todos los integrantes de la Comisión es que deberán tener
formación en Bioética.
¿Cómo funciona el Registro de Objeción de Conciencia?
En cuanto al Registro, el objetivo es recoger y custodiar de forma confidencial los datos de los profesionales sanitarios que sean objetos de conciencia. “El decreto remarca que
el permiso se puede revocar y que los profesionales que se acrediten para un caso concreto no entraran en el registro”, ha detallado Plaja.
Los ciudadanos tendrán en el Canal Salut un apartado dedicado a este servicio donde se detallará todo el proceso para solicitarlo y como será su funcionamiento en Cataluña.
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