El consejero de Salud,
Antoni Comín, ha anunciado la restitución de la
Agencia de Salud Pública, una medida clave que dota de “personalidad jurídica” la sanidad catalana, con competencias propias del Estado, de cara a una
hipotética independencia de la comunidad. Sin embargo, la medida ha llegado el mismo día que
el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña, a través de la cual la Generalitat pretende crear una seguridad social catalana.Es decir, que Comín avanza en la creación de la estructura pero se queda sin la herramienta fundamental de la financiación.
Así lo ha señalado este martes el consejero durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo del Govern, que ha explicado que el objetivo de retomar este proyecto es para hacerlo “
más cercano y eficaz”. A pesar de que el proyecto fue votado por el Parlament en 2009, la Agencia de
Salud Pública de Cataluña dejó de tener personalidad jurídica en 2014.
Este es uno de los dos
proyectos clave que el consejero anunció cuando llegó a la cartera. Con esta medida se pretende separar las "funciones políticas y estratégicas de las funciones ejecutivas y de gestión", que ahora se trasladan a la
Agencia de Salud Pública.
El objetivo del Govern es que la Agencia recupere su papel protagonista, que ahonde en la coordinación territorial,
promueva políticas de prevención y promoción sanitarias, y ofrezca una respuesta cercana y ágil en todas las circunstancias. Un plan de actuación que fija como objetivo la
independencia sanitaria del resto del Estado.
Agencia Catalana del Medicamento
El otro paso clave en el plan de Comín es la aprobación de la Ley que concluye en la creación de la
Agencia Catalana del Medicamento (ACM) que abarcaría competencias estatales en materia farmacéutica.
La ACM tendría la capacidad de aprobar los medicamentos así como su
seguridad y eficacia para no depender de la validación previa de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
A pesar de que la Consejería hizo
un amago para dejar aprobado este proyecto antes del periodo vacacional del pasado mes de agosto, el Govern antepuso una sesión parlamentaria centrada en la ley de la Agencia Tributaria que derivaba en la
Hacienda catalana. Fue entonces cuando la cartera de Salud apuntó al pasado mes de septiembre.
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