El juez del Tribunal Supremo,
Pablo Llarena, ha anunciado, este viernes, el procesamiento por un
delito de rebelión y malversación de fondos públicos
a
Antoni Comín, exconsejero de Salud de la
Generalitat de Cataluña que
se encuentra 'exiliado' en Bruselas desde finales de octubre del año pasado.
El magistrado ha imputado, por los mismo delitos, a otros 12 exmiembros del Gobierno catalán, entre los que se encuentran el propio expresidente,
Carles Puigdemont, el resto de exconsejeros que se encuentran en Bélgica y el Reino Unido y otros altos cargos de la
Generalitat de Cataluña como
Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán.
Concretamente, Pablo Llarena ha anunciado que Antoni Comín incurrió en un
delito de rebelión que ataca directamente a la Constitución Española, el precepto indicado castiga como reos de este hecho a los que: "Se alzaren violenta y públicamente para (entre otros fines)
declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
Además, el magistrado también ha incluido en su auto que el exconsejero llevó a cabo
la
malversación de fondos públicos por los siguientes hechos: "Asumió el
control de los locales dependientes de su Consejería para el referéndum y aseguró su éxito. Además, permitió que su departamento soportara, parcialmente, el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas electorales".
A pesar de ello, Antoni Comín sigue en libertad en Bruselas, cobrando por su condición de diputado del Parlamento catalán y haciendo uso de su cargo para asistir a conferencias y encuentros con la intención de seguir internacionalizando el conflicto catalán. Este mismo viernes ha
asegurado en Twitter que él y el resto de 'exiliados' mantienen todo el apoyo del pueblo catalán y ha hecho especial mención a Turull, Rull, Forcadell, Bassa, Romera y Rovira, los últimos citados a declarar por Pablo Llarena.
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