El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, una de las tres 'leyes de desconexión' y que los independentistas pretenden que sea el embrión de una seguridad social catalana y siente los mimbres de la sanidad de un República Independiente de Cataluña. La ley, que ha presentado Junts Pel Sí, se ha aprobado gracias a los 72 votos favorables de Junts pel Sí y la CUP, y los 61 contrarios del resto de grupos.
Esta agencia será el organismo encargado de gestionar el sistema y las prestaciones de protección social en Catalunya, y establece que el presidente de este organismo lo debe nombrar el Parlament. La norma es una de las tres leyes de 'desconexión', y las otras dos son la de Hacienda catalana la primera parte de la cual se aprobó en la Cámara en julio y la de transitoriedad jurídica, que diseña una transición de Catalunya del ordenamiento jurídico actual a uno catalán si gana el 'sí' en el referéndum, y que prevé aprobarse este jueves.
La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado la creación de la agencia, que ha calificado como "un gran instrumento público y autónomo", y considera que permitirá al Govern ofrecer todas las prestaciones y ayudas sociales que necesita la ciudadanía. El diputado de JxSí, Chakir El Homrani, ha reivindicado que la iniciativa tiene el objetivo de "dar respuesta a los más vulnerables de la sociedad" y de crear la agencia para gestionar de manera unificada y especializada las prestaciones sociales.
El diputado de la CUP, Albert Botran, ha afirmado que la ley no cierra la puerta a que en un futuro la Agencia asuma todas las competencias sociales, como las pensiones, y que en una Cataluña independiente los servicios sociales tendrán "un futuro más esperanzador que dejarlos en manos de las clases dirigentes del Estado español".
Críticas de la oposición
El diputado de C's Joan García ha tachado la ley de chapuza y ha criticado que "mantiene la esencia del placebo del proceso", ya que cree que los grupos independentistas la tildan de ley de 'desconexión' pero, a su juicio, la Agencia que crea la norma es autonómica. La portavoz socialista, Eva Granados, ha acusado a JxSí y la CUP de no priorizar las políticas sociales y, aunque ha expresado la necesidad de que Catalunya tenga una agencia de protección social, ha sostenido que la iniciativa es "una aportación más al relato" independentista.
Joan Coscubiela (SíQueEsPot) ha asegurado que su grupo es partidario de que se cree la Agencia, pero no como la establece la ley, por lo que han propuesto un texto alternativo, y ha reprochado que la ley pretenda ser una "estructura de Estado y a la vez autonómica". El diputado del PP Fernando Sánchez ha avisado de que esta iniciativa ha sido la ley de 'desconexión' con menos atención mediática, lo que atribuye a que las políticas sociales no son la prioridad del Govern, y ha asegurado que JxSí y la CUP "anunciaron una gran ley de ruptura y han llevado una ley autonomista".
Querella al Govern
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado la interposición de varias querellas a los miembros del Govern, entre ellos el consejero de Salud, Antoni Comín, por firmar el decreto que convoca el referéndum. Maza considera que se han podido cometer presuntamente "al menos" varios delitos como los de "desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos".
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