El Tribunal Constitucional ha dictado una providencia por la que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley de Castilla-La Mancha por la que se reducía la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales.
Esta decisión lleva aparejada de manera automática la suspensión cautelar de los artículos impugnados, por lo que la jornada laboral para estos trabajadores volverá a ser de 37,5 horas.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha ha convocado de manera urgente la Mesa de la Función Pública para abordar la situación con los sindicatos y plantear de qué manera se va a realizar la vuelta a la jornada de 7,5 horas diarias.
El Constitucional establece un plazo de quince días para que la Junta de Castilla-La Mancha, las Cortes (parlamento autonómico), el Congreso de los Diputados y el Senado puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.
Además, establece que la suspensión de la jornada de 35 horas semanales se aplicará una vez que este acuerdo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno central aprobó el pasado 15 de abril la presentación del recuro, al entender que la normativa regiónal contraviene lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, que establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual.
Según explicó el Ejecutivo, recurrió al Constitucional después de que la negociación en la bilateral entre Junta y Gobierno central fuera “infructuosa” y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponerlo.
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