Redacción. Toledo
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha una comisión de análisis de casos ante el aumento de enfermedades mentales en la población reclusa de la región. Estas comisiones tienen por objetivo analizar la coordinación de la atención sanitaria y social de personas con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual que cometen un delito y son condenados a medidas penales o alternativas de encarcelamiento.
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Reunión entre Gobierno y Consejería de Sanidad.
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La directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín, ha explicado que "la tasa de enfermedad mental dentro de las instituciones penitenciarias de los países miembros de la Unión Europea es muy superior a la que existe en la población general".
Actualmente se estima que la proporción de enfermos mentales dentro de las prisiones es cinco veces superior a las de la población general y al menos un 25 por ciento de los internos de las cárceles españolas padece una enfermedad mental.
La doble estigmatización de discriminación y rechazo social que supone tener un problema de salud mental y haber cometido algún hecho delictivo, dificulta el tratamiento y la reinserción de estos pacientes tras el cumplimiento de su condena, a pesar de que la reincidencia en estos reclusos es mucho menor.
La preocupación por la resocialización de estas personas ha llevado a la Consejería de Sanidad a poner en marcha, en colaboración con la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, las Comisiones de Análisis de Casos en cada una de las provincias. A estas Comisiones acuden representantes de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Bienestar Social, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de la Administración de Justicia, de Sanidad Penitenciaria, de Asociaciones de familiares y enfermos mentales y de la Fundación Sociosanitaria.
El reto es lograr que trabajen de manera conjunta todos los profesiones de las diferentes administraciones implicadas junto con las Asociaciones de Pacientes y Familiares para compartir conocimientos y poner en marcha los procedimientos que permitan resolver en tiempo y modo las diferentes necesidades asistenciales y de resocialización de este colectivo.
Este modelo que se está desarrollando en Castilla-La Mancha, ha sido reconocido por Instituciones Penitenciarias como "el más prometedor y de mayor contribución para abordar las dificultades y problemas complejos de estos enfermos", que requieren de la utilización de todos los enfoques posibles de manera combinadas, "reclutando para ello a todos aquellos profesionales interesados en el tema, con capacidad y experiencia suficientes para aportar y compartir conocimientos que permitan avanzar en este campo".
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