El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá adelante con la Oferta Pública de Empleo (OPE) sanitaria y mantendrá las 1.030 plazas previstas, a pesar del posible recurso contencioso-administrativo que podría interponer el Gobierno central y, consecuentemente, aprobará en octubre el temario para dichas oposiciones, cuya convocatoria está prevista para el primer trimestre de 2017.
Así se lo ha transmitido a los sindicatos este martes durante una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de la Sanidad el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Íñigo Cortázar. Octubre es también el mes cuando se sabrá si el Gobierno central toma medidas, ya que el requerimiento, remitido a la Consejería de Hacienda a través de un burofax, da un mes de plazo a la Junta para que se modifique la oferta y añade que, en caso contrario, se darán órdenes a la Abogacía del Estado para que interponga recurso.
Cortázar ha informado a los sindicatos en detalle sobre el contenido del mencionado burofax. El recorte de plazas que exige el Gobierno asciende en concreto a 349 plazas, según ha detallado. Además, ha ofrecido a los representantes de los trabajadores la colaboración del Gobierno regional para que puedan tomar medidas jurídicas de manera conjunta, si finalmente se produce el recurso, como ya se hizo con la impugnación por parte del Gobierno Central con la jornada laboral.
Según ha explicado a Redacción Médica el presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, la reunión ha servido para escenificar la unión de los sindicatos con el gobierno regional en defensa de la OPE. Al término de la misma, todas las partes han firmado un manifiesto conjunto censurando la actuación del Gobierno central. Méndez ha confirmado que el argumento que esgrime el Ministerio de Hacienda es que los profesionales que se han ido en concurso de traslados a otras comunidades autónomas no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de calcular la tasa de reposición. Una razón que ha tildado de incomprensible.
Por su parte, Cortázar ha asegurado al término de la estar convencido de la legalidad de la norma. “El cálculo que se ha hecho de la tasa de reposición cumple escrupulosamente la normativa presupuestaria, ya que la gente que se va en procedimientos de movilidad, totalmente voluntario, pierde su plaza en el Sescam y no tiene derecho a reingreso”, ha explicado el responsable, quien ha recordado que la tasa se ha calculado siempre en base al mismo criterio. En este sentido, el responsable de RRHH ha preguntado por la razón del cambio de criterio del Ministerio.
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